Integrantes de la Esperanza de Sitilpech mantienen su plantón con la firme convicción de que ni Kekén ni la empresa Productos Pecuarios para Consumo pueden continuar operando en esa comisaría de Izamal.
A pesar de que en los procesos judiciales se han presentado pruebas contundentes y estudios de referencia que demuestran la grave contaminación al manto freático que genera la operación de las megagranjas porcícolas, Kekén sigue sin demostrar lo contrario y lo peor de todo, hasta el momento se desconoce el estudio de viabilidad socioambiental de la granja de Sitilpech, denunció la asociación Kanan Derechos Humanos.
Asimismo, aclaró que “las acciones emprendidas por la comunidad parten de su libre determinación y no son producto de la idea o sugerencia de Kanan Derechos Humanos. Sin embargo, la organización respaldará y acompañará las decisiones de la comunidad, pues es consciente del derecho que le asiste”.
Remarcó que “ni Kekén ni la empresa Productos Pecuarios para Consumo, Sociedad de Producción Rural de Responsabilidad Limitada de Capital Variable, pueden continuar operando dentro de nuestro territorio”.
Apostó de que Sitilpech sea declarado un pueblo libre de granjas porcícolas, así como de toda empresa, proyecto o autoridad que pretenda afectar al poblado a costa de la salud del monte, del agua y de las propias reglas.
En 2013 empezó a funcionar la granja porcícola sin permiso de la población, provocando violencia, situación que ha crecido durante los últimos dos años.
Asimismo, en siete ocasiones se han manifestado en Mérida, tanto en las instalaciones de los tribunales de justicia, en la delegación de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) y en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, incluso en el Ayuntamiento de Izamal.
El pasado viernes 10, los vecinos de la comisaría de Izamal iniciaron un plantón por decisión propia, para evitar el ingreso de cerdos a esa granja y así evitar enfermedades y la contaminación del manto freático. Durante ocho meses los vecinos dejaron de sufrir por la fetidez que emanaba del lugar, problema que resurgió este mes, cuando se reanudaron las actividades en la megagranja.
Desafortunadamente, el pasado sábado 18, a las tres de la madrugada fueron reprimidos por agentes policiacos, para asegurar la entrada de un camión de la empresa Kekén y para desmantelar el campamento.
Según la organización, “estos actos incurren en desacato a la medida cautelar otorgada por un juzgado federal, donde ordenaba a las autoridades detener las agresiones hacia la comunidad y evitar actos que incomuniquen y/o aíslen a la población”. El problema de las megagranjas también afecta a los habitantes de Homún, Kinchil, Chapab y Dziuché, entre otras poblaciones de Yucatán.
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CC