Ejidatarios de Baca realizaron un plantón frente el Tribunal Unitario Agrario en Mérida, para exigir a los magistrados justicia en el despojo de 32 hectáreas de tierras, situación que sufren desde 2021. Ayer tuvo audiencia el comisario Dagoberto Itzá Noh, de quien los ejidatarios dijeron que está a favor de los invasores, por lo que realizaron la manifestación para demostrar que siguen unidos en su lucha por recuperar sus tierras.
“En audiencia el Comisario se lavó las manos, diciendo que no sabe nada y que a Alberto Yáñez Castro, quien nos está despojando, el comisario anterior le dio la posesión como ejidatario”, comentó Isidro Pech Canché, representante de los ejidatarios.
Pruebas
Tras la declaración del comisario, los afectados preparan las pruebas para desmentirlo en la próxima audiencia, que se realizará el 30 de marzo.
Como POR ESTO! informó, los ejidatarios de Baca denunciaron que Yáñez Castro los despojó de 32 hectáreas con la complicidad del comisario, incluso un ejidatario fue detenido por la Policía Municipal en su parcela, supuestamente por estar en una propiedad privada de Yáñez Castro, cuando las tierras han sido siempre del ejidatario y no las había vendido a nadie.
Pech Canché compartió que luego de que en diciembre del año pasado se pospusiera la audiencia por falta de unos documentos, en estos meses los ejidatarios han estado trabajando, buscando pruebas que les den la razón.
Detalló que tienen una prueba de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), que le revocó los permisos para construir en Baca a los Yáñez Castro, ya que no contaban con los títulos de tierra correspondientes.
Por otra parte, la Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente (ASEA), que autoriza las gasolineras, también canceló la construcción de una en Baca en supuestos terrenos propiedad de los Yáñez Castro, ya sus títulos no estaban correctos y la obra permanece detenida y clausurada.
No son locales
Además, la Fiscalía de Motul les dio un punto a favor, al revelarles que los presuntos invasores no forman parte de la comunidad, por lo que no pueden tomar posesión de ninguna hectárea, ya que esas tierras son de uso común, incluso no se pueden vender.
Recalcó que hasta el momento los Yáñez Castro no han podido comprobar legalmente que compraron esas 32 hectáreas, aun así los intimidan para que no sigan trabajando las tierras que supuestamente son de ellos, pese a que el mismo Tribunal Agrario ha reconocido que son del ejido.
Finalmente, pidió que se les regresen las tierras que los invasores no pueden tocar, únicamente ellos como campesinos tienen derecho.
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GC