La diputada Karla Reina Franco Blanco presentó una iniciativa para aumentar la pena mínima a 12 años y la máxima de 20 años, así como una multa que va de los 600 a 3 mil días de salario, para quienes cometan delitos que atenten contra la libertad y seguridad sexual en la pena para el delito de abuso sexual infantil.
En el uso de la tribuna del Congreso local la diputada priista presentó la iniciativa con proyecto de decreto, por la que se reforma el Código Penal del Estado de Yucatán en materia de abuso sexual infantil; indicó que en las últimas décadas se ha implementado una serie de reformas que hablan de una etapa de evolución normativa que han desarrollado cambios estructurales que obligan a las autoridades a brindar, fomentar y proteger los derechos fundamentales de las personas.
Aseguró que dicho avance jurídico social, debe ir en miras a adaptar las acciones cotidianas del día a día de las personas, con miras a que las garantías de protección se materialicen en una constante evolución del derecho.
La legisladora lamentó que este delito sea ignorado e incluso minimizado; de acuerdo a datos estadísticos de asociaciones y agrupaciones privadas, a nivel nacional, de cada mil casos, solo 100 llegan a manos de la autoridad; en la mayor parte de los casos, es cometido por personas cercanas al menor de edad, ya sea por familiares, educadores o amigos de la familia.
Informó que actualmente, el Código Penal del Estado de Yucatán, nos refiere en su artículo 310, que el delito de abuso sexual infantil, se castiga con una pena que va de 10 a 18 años de prisión y de 400 a 2 mil 500 de multa; dicha pena puede incrementarse si hay violencia física o psicológica, hasta en una mitad.
Dijo que el delito de abuso sexual infantil sigue siendo una preocupación de interés público que no puede dejar de atenderse, principalmente porque en muchas ocasiones se presenta, tristemente, en lugares como el hogar, la escuela o sitios, en los cuales, las y los menores de edad, deberían estar a salvo.
La propuesta presentada pretende reforma al artículo 310 del código penal del Estado, ya que el delito permite aumentar en una mitad más, si hay violencia física o psicológica, se posibilita que, con la modificación, una persona pueda estar presa en un mínimo de 18, a un máximo de 30 años.
Según las cifras del Secretariado Ejecutivo, del Sistema Nacional de Seguridad Pública, de los años 2020, 2021 y 2022 hubo una incidencia de denuncias por delitos de índole sexual y con base a estos indicadores se pronostican datos superiores en este año 2023.
En el año 2021 ocurrieron 59 casos, y en el recién concluido 2022, se registraron 78 casos.
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CC