La Unidad Investigadora de la Auditoría Superior del Estado de Yucatán (ASEY) informó que, como parte de la fiscalización de hecha a la cuenta pública del 2021, se detectó un faltante de 429 millones 701 mil 373.61 pesos, que no fueron comprobados por ocho municipios del Estado.
La dependencia añadió que durante el 2022 emitió nueve informes de probable responsabilidad administrativa. Además, la ASEY también hizo 704 observaciones a la cuenta pública del 2021. Lo anterior, por irregularidades que afectan al erario, pues esa millonaria cantidad no tiene comprobación de gastos en adquisición de bienes o servicios.
Además, entre otras irregularidades señaladas por la Auditoría están la falta de timbrado de nómina, anomalías en la contratación y ejecución de obras públicas. También fueron presentadas seis denuncias formales por irregularidades en la contratación y ejecución de obras públicas.
Estas querellas, dos fueron dirigidas al Ayuntamiento de Sinanché, porque no comprobó un millón 438 mil 191 pesos y cuatro contra el de Motul, por la cantidad de 4 millones 236 mil 782 pesos.
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Sanciones administrativas
Como parte del seguimiento a esas acciones de la Unidad Investigadora que emitió el año pasado por nueve Informes de Probable Responsabilidad Administrativa (Ipras) contra autoridades de ocho municipios se llevarán a cabo procedimientos administrativos, según reportó la ASEY.
Como parte de esa fiscalización que se realizó a la cuenta pública del 2021 se emitieron 704 pliegos de observaciones, correspondientes a los primeros dos bloques, ante las irregularidades que causaron afectaciones al erario público.
Para el tercer bloque de auditorías, la ASEY indicó que aún están en el plazo para la emisión de los pliegos de observaciones, pero ya fueron presentadas dos denuncias.
La primera es contra el Ayuntamiento de Peto, por la cantidad de 8 millones 807 mil 855.35 pesos. La segunda es para Sudzal, por un millón 35 mil pesos. En ambos se investiga ocultamiento de información de la cuenta pública y la contratación ilícita de una deuda.
Municipios en la mira
La ASEY añadió que el año pasado se emitieron nueve Ipras en contra de autoridades de Tixpéual, Río Lagartos, Seyé, Cenotillo, Santa Elena, Cacalchén, Chumayel y Tepakán. Se espera que ya inicien el procedimiento administrativo que podrá culminar con la inhabilitación hasta por 20 años para quienes resulten responsables.
El pasado fin de semana, el alcalde del municipio de Tahmek en el periodo 2015-2018, Juan José G.C., fue enviado a prisión como medida cautelar, por la investigación que se lleva a cabo en su contra por el delito de peculado.
De acuerdo con la Fiscalía General del Estado (FGE), el exedil es acusado como el presunto responsable de malversar 2 millones 861 mil pesos de las arcas municipales.
El indiciado podría enfrentar castigos de entre dos y 14 años de prisión y de 100 a 150 días de salario como multa, por desviar los recursos públicos para su beneficio o el de un tercero, según lo establece el Artículo 263 del Código Penal de Yucatán.
De acuerdo con el proceso penal que se le sigue al exfuncionario, se le investiga por la presunta desviación de recursos de las arcas municipales, que asciende 2 millones 861 mil pesos. Según el expediente, ilícito lo cometió a través de una simulación de adquisición de bienes y servicios con una empresa que también está bajo investigación de la Fiscalía General del Estado.
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CC