La activista Rosa Cruz Pech, del Centro por la Justicia, Democracia e Igualdad (Cejudi), con sede en Yucatán, señaló que los desarrollos inmobiliarios en la costa, como Paraíso Sisal, perjudican a las poblaciones yucatecas y aumentan el problema del agua.
Dijo que el Gobierno no está escuchando la demanda de los ciudadanos y no quiere darse cuenta de los atropellos que se están cometiendo en comunidades como Sisal por parte del desarrollo inmobiliario Paraíso Sisal, así como en Sitilpech, con la megafábrica porcina de la empresa Kekén.
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La activista agregó que especialistas en ecología y medio ambiente han hablado sobre la manera irregular en que las empresas inmobiliarias se han incrustado en las comunidades costeras mayas, sin que se les permita opinar en temas que los involucran directamente, como es la venta de sus tierras y la contaminación del agua. “Es importante escuchar las demandas del pueblo y alejarse de la criminalización de quienes se manifiestan en contra”, afirmó.
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Detalló que los habitantes son quienes mejor conocen las condiciones de cada región y los problemas que las aquejan y las pueden impactar. Porque son ellos quienes están viviendo en el lugar y son los que podrían brindar soluciones adecuadas si son escuchados.
Cruz Pech hizo un llamado a la sociedad yucateca para que se sume contra de las empresas que impactan tierras mayas y que apoye las quejas de los habitantes de las comunidades rurales, ya que se está hablando de problemas que atañen a todos en el Estado, como la contaminación del agua y la pérdida de áreas verdes protegidas.
Respecto al tema, Guillermo Aguilar, fundador de Jóvenes Voluntarios Yucatán, señaló que como jóvenes miran una gentrificación muy grande en Yucatán gracias al desvío de recursos para explotarlos de manera económica; las facilidades que se brindan a las empresas para que exploten los recursos de la entidad, están sacando a los yucatecos de las ciudades y obligándolos a que se vayan a las orillas y que abandonen su población.
El representante juvenil considera que el Gobierno está operando de manera desbordada, cuando su obligación debería ser el regular de manera lícita los recursos que se tienen en el Estado. “El apoyo del Gobierno va a unos cuantos, y entre ellos se reparten los recursos y al pueblo lo dejan callado”, aseveró.
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CC