En el marco de la toma de protesta del Consejo Directivo de la Asociación Mexicana de Profesionales Inmobiliarios (AMPI) Mérida, el organismo pidió al Gobierno del Estado que impulse la iniciativa para crear la Ley Estatal de Prestación de Servicios de Intermediación Inmobiliaria en Yucatán, normatividad que permitirá darle certeza a los clientes y mejor asesoría sobre su patrimonio, frenando la proliferación de agentes improvisados.
Ignacio Lacunza Magaña, presidente nacional del organismo, y su representante en Mérida, Enrique Trava Griffin, explicaron la necesidad de crear una ley ante el boom económico del Estado, que ha llevado al crecimiento inmobiliario y la proliferación de personas que venden casas, terrenos o lotes, pero no son asesores profesionales.
Trava Griffin explicó que los 174 asociados principales que tiene el organismo en la ciudad aportan unos 550 profesionales inmobiliarios registrados. Esta cifra es apenas el 10 por ciento del mercado, donde hay 5 mil personas dedicándose a la intermediación inmobiliaria sin contar con la certificación pertinente para ejercer, detalló.
Por ello, Lacunza Magaña firmó una carta dirigida al gobernador Mauricio Vila Dosal, en la que le solicitó su apoyo para ingresar la iniciativa al Congreso del Estado. Le encomendó a Trava Griffin entregársela personalmente.
“Hay que frenar la proliferación de agentes improvisados y poco éticos, dándole al Ejecutivo la rectoría de la actividad que realizan mediante el establecimiento de una licencia estatal de profesional inmobiliario y un registro”, señaló el dirigente nacional.
Agregó que también se busca poner en marcha “facultades de supervisión y sanción para proteger el patrimonio de las familias, que con esfuerzo logran comprar una vivienda o que vienen de muchas partes del mundo a Yucatán a vivir e invertir”.
La iniciativa propone la creación de una licencia para todos aquellos profesionales inmobiliarios que quieran dedicarse legalmente a la venta de bienes raíces.
En ese sentido, Trava Griffin negó que la propuesta sea para limitar o cerrarles las puertas a quienes se dedican a la venta de bienes raíces o se desempeñen en el sector inmobiliario, sino para garantizar la calidad de estos elementos.
“Sólo pedimos una serie de requisitos para ejercer”, indicó el presidente de AMPI Mérida, al ejemplificar con otras profesiones: “Cuando se habla de un médico cirujano vas a querer que el que te opere tenga todos los años de estudios y especialización”.
De igual manera, la reglamentación impulsará la creación de un registro estatal de los profesionales que cuenten con la capacitación adecuada en la materia y, sobre todo, estén en el sector formal.
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CC