Ante la intransigencia por parte del alcalde panista Alfredo Fernández Arceoen torno a la entrega de anuencias para la venta de bebidas alcohólicas en establecimientos comerciales; la Asociación de Restaurantes de Valladolid (Arvay), que preside Jordy Abraham Martínez, alzó la voz para pedir que se cumpla la ley.
Los empresarios afiliados a la organización restaurantera Arvay A.C señalaron que el presidente municipal, Fernández Arceo, condicionó al trámite del permiso un donativo obligatorio de 150 mil pesos, aunado a lo estipulado en la Ley de Hacienda de Valladolid, que corresponde a 280 UMAs equivalentes a 29 mil 047.02 pesos.
Cabe subrayar que el artículo 86 de la referida Ley de Hacienda del municipio establece como único pago para obtener la anuencia de venta de bebidas alcohólicas en restaurantes el derecho por 280 UMAs, de modo que la exigencia del donativo forzoso por parte del Presidente Municipal se encuentra fuera de lo legal.
Según se averiguó, Fernández Arceo, ante el cuestionamiento de algunos regidores, ha manifestado públicamente en sesiones de Cabildo, con fechas 8 de agosto de 2022 y 30 de marzo del presente año, que, en efecto, el Ayuntamiento no entregaría la aprobación para vender bebidas alcohólicas en restaurantes, a menos que los propietarios de dichos establecimientos emitieran el donativo por la cantidad de 150 mil pesos.
Sorprendentemente, la justificación del Alcalde para solicitar el donativo obligatorio es que en administraciones anteriores también se incurría en este tipo de prácticas arbitrarias e ilegales, siendo que él mismo ha denunciado a presidentes municipales predecesores por presuntos malos manejos del erario.
El licenciado Ángel Herrera Villanueva, abogado de la Asociación de Restaurantes, afirmó que las acciones del Edil está violando la ley, pues es un delito solicitar dinero para la aprobación gubernamental de licencias de funcionamiento.
La Asociación de Restaurantes de Valladolid espera que la respuesta del Ayuntamiento se ajuste a la legislación vigente para que eviten solicitar una eventual intervención del Poder Legislativo local o del Gobierno del Estado.
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CC