El Estado es un lugar seguro, de una economía en crecimiento, atractiva para la inversión y la búsqueda de nuevas oportunidades, pero también existe riesgo de que esto pueda frenarse si es infiltrado por el lavado de dinero y la defraudación fiscal, de ahí la importancia de la nueva agencia de inteligencia patrimonial y económica del Estado de Yucatán, advirtió Olga Rosas Moya, exsecretaria de Administración y Finanzas del Gobierno, y quien aspira a dirigir la recién creada instancia.
Dijo que, si bien se han hecho importantes inversiones para mantener y mejorar la seguridad de las familias del Estado, “hay más por hacer” y, por eso, en ese sentido, debe ser atacado el lavado de dinero y la defraudación fiscal. “Estos delitos minan la confianza en nuestras instituciones y en nuestro sistema económico, creando una cultura de impunidad que puede arraigar y corroer nuestros valores y nuestra cohesión social”.
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Explicó que estos dos delitos tienen un impacto muy real y directo en nuestras vidas, pues “cada peso ilícito es un peso que se le roba a la sociedad y (un peso) menos para la educación, para hospitales e infraestructura que se necesitan en la entidad; para crecer y prosperar, por lo cual se necesita de la aplicación de herramientas probadas para combatir estos delitos, y es la Agencia de Inteligencia Patrimonial y Económica del Estado de Yucatán la instancia que se encargará de esto.
Aseguró que el lavado de dinero, uso de recursos de origen ilícito y la defraudación fiscal se requieren de herramientas y la formación técnica necesarias para combatirlo y erradicarlo. Por eso, en su visión de la Agencia, esta debe funcionar “como un radar siempre alerta y siempre vigilante, escudriñando las transacciones financieras y patrimoniales en busca de señales de actividades sospechosas. Debe ser un guardián de la integridad de nuestra economía trabajando para identificar y combatir los delitos financieros antes que puedan hacer daño”.
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La integrante de la terma para ocupar la titularidad de la ahora popularmente llamada “Unidad antilavado”, explicó que, en caso de ser elegida, logrará el objetivo a través de la construcción institucional de las capacidades de alerta; para ello, es necesario formar la capacidad analítica de la agencia, al contar con dos elementos esenciales: información de calidad y capacidad técnica para realizar los análisis.
Dijo que es por ellos será necesario contar con un cuerpo especializado de analistas, equipado con sistemas para procesar y analizar los datos en busca de patrones y conexiones que podrían indicar actividades ilegales. “Este será un proceso meticuloso y detallado que requiere un alto nivel técnico y de especialización”.
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GC