El Congreso del Estado aprobó por mayoría el dictamen para que en Yucatán se reconozcan los Gobiernos de Coalición, con el objetivo de formar administraciones de manera conjunta con diferentes partidos políticos en donde prevalezcan los consensos y la inclusión de diferentes perspectivas políticas en la toma de decisiones, pero sobre todo, garantizando que reflejen los intereses y necesidades de la sociedad y la búsqueda del bien común. Las diputadas morenista Alejandra Novelo Segura, Jazmín Villanueva Moo y el perredista Eduardo Sobrino Sierra votaron en contra.
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Dicho dictamen tuvo como base la iniciativa presentada por la bancada del Partido Revolucionario Institucional (PRI), por lo cual su líder diputado Gaspar Quintal Parra habló en tribuna a favor de este señalando que de esta manera se fortalece la democracia en la Entidad con el diálogo, el consenso, la efectiva participación ciudadana y la representatividad de todos los sectores sociales en el ejercicio del poder.
Durante la sesión extraordinaria llevada a cabo ayer sábado, explicó que se facultará al Gobernador o al Ayuntamiento a crear en cualquier tiempo, así como a candidatos a la Gubernatura del Estado o de la Presidencia Municipal a conformar un Gobierno de Coalición, que será regulado por un convenio que debe establecer objetivos comunes, la proporción de cargos públicos, el mecanismo político de cumplimiento y sanciones, en su caso. Con esto, Yucatán se suma a los Estados que aprobaron los Gobiernos de Coalición, siendo el tercero en hacerlo.
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“Vamos a superar la visión de que el Gobierno de Coalición es la repartición arbitraria de un botín político entre los partidos políticos, y reconozcamos que representa un instrumento democrático que, en forma coaligada y plural en el ejercicio del poder, representa la responsabilidad compartida del trabajo al servir al pueblo”, sostuvo Gaspar Quintal.
La presidenta de la Comisión Permanente de Puntos Constitucionales y Gobernación, Carmen González Martín, señaló que dicha reforma en materia de Gobiernos de Coalición establece las bases que habrán de seguir los partidos políticos que acuerden mediante un convenio establecer un Gobierno de ese tipo, otorgando así los elementos necesarios para qué las reformas que se habían aprobado anteriormente a la Constitución Política puedan ser ya aplicadas al contar con el marco legal que las regula.
Como parte de los trabajos del Tercer Período Extraordinario de Sesiones correspondiente al Segundo Año de Ejercicio Constitucional, los diputados de la LXIII Legislatura aprobaron también los dictámenes de la comisión de Puntos Constitucionales y Gobernación, referente a aquellos para modificar diversas leyes del Estado en materia de autonomía de la fiscalía, y otros en materia electoral.
Con estas acciones, la actual legislatura sienta las bases del proceso electoral, que iniciará en octubre, y garantiza la certeza legal de las reglas que habrán de aplicar en los procesos.
González Martín señaló que los cuatro dictámenes emitidos desde el seno de la Comisión Permanente de Puntos Constitucionales y Gobernación que preside; uno para reformar la Ley de la Fiscalía General del Estado y un artículo transitorio del decreto de su autonomía y tres dictámenes más en materia electoral que modifican uno la Constitución Política del Estado y toda la ley electoral; en materia de defensa de los derechos político-electorales, Gobiernos de Coalición y fortalecimiento del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Yucatán garantizan la certeza legal de las reglas que habrán de aplicar en el próximo proceso los actores políticos para ofrecer a la ciudadanía su oferta electoral.
Dijo que con el fortalecimiento al Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Yucatán, se homologan ciertas normas que necesitaban una actualización en virtud de que, era necesario que el marco normativo legal, vaya acorde con ciertas disposiciones que establece la Constitución Política, así como en el otorgamiento de algunas facultades y atribuciones con las que ahora contará el Consejo General del Instituto, como lo es el de poder remover de sus funciones por causas graves, a las o los consejeros electorales distritales o municipales, que por alguna razón se encuentren en alguno de los supuestos establecidos en la ley para poder ser removidos, facultad con la que antes no contaban.
En tanto que con la creación de la Defensoría Pública de los Derechos Políticos-Electorales, se establece un órgano desconcentrado del Instituto, con autonomía técnica y de gestión, cuyo objeto es otorgar gratuitamente servicios de defensa y asesoría en materia electoral, a petición de parte, a las personas que pertenezcan a grupos en situación de discriminación o desventaja histórica, así como a otras que lo justifiquen al solicitar el servicio.
“La creación de esta defensoría pública, obedece a la necesidad de no dejar en estado de indefensión a las personas pertenecientes a grupos vulnerables, como lo pudieran ser las personas pertenecientes a la comunidad indígena maya, personas de la comunidad LGBTIAQ+, personas con discapacidad, adultos mayores, jóvenes, mujeres que sufran algún tipo de violencia política en razón de su género, personas migrantes y demás, pues ahora contarán con un órgano público que les proporcionará servicios de defensa y asesoría jurídica en materia de sus derechos políticos-electorales”.
Al respecto, la diputada Karla Franco Blanco señaló que la democracia como forma de gobierno exige certeza e imparcialidad en la actuación de la autoridad electoral responsable de organizar los comicios, por lo que se fortalece al Iepac bajo la premisa de modernización y eficiencia institucional.
Sobre las modificaciones a la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado en materia de defensa de los derechos político-electorales y asignación de regidores de representación proporcional en ayuntamiento, la diputada de Movimiento Ciudadano Vida Gómez Herrera, destacó que con la aprobación del mismo, la legislatura dará su respaldo a todas las mujeres que quieran hacer valer sus derechos, al crearse por primera vez un organismo que brindará atención y acompañamiento a quienes sufran violencia política en razón de género.
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