Paulina Malpica, sexta Regidora y Presidenta de la Comisión de Desarrollo Urbano y Ecología, también está involucrada en el despojo de un predio de 179 hectáreas en Tulum, pues es esposa de Alain Jiménez Santos, uno de los que adquirieron parte de la propiedad.
El terreno se encuentra en la comunidad de Francisco Uh May y fue subdividido para su venta con la posible complicidad de notarios de Yucatán y funcionarios del municipio de Tulum, entre los que destacan el Presidente Municipal, Diego Castañón Trejo, y el Director de Desarrollo Urbano del Ayuntamiento de Tulum, Lorenzo Miranda Miranda.
El agraviado, Cayetano Nieto Colín, propietario original, abandonó la ciudad de Tulum luego de recibir varias amenazas.
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Javier Tun Jiménez, abogado de afectado, expuso que el despojo se realizó utilizando una fe notarial de un Notario muerto y de otro que ya no estaba en funciones.
Acusó a Martín Atonay Sosa Cardeño y Julián Cetina Burgos de orquestar el despojo, avalado por notarios del Estado de Yucatán.
Sin embargo, las autoridades de Tulum también participaron para realizar la subdivisión del lote, a través de Catastro, donde Rubén Raziel Ek Cruz es el titular.
Al despojo se suma el nombre Edgardo Díaz Aguilar, Tesorero durante la administración de Víctor Mas Tah y ahora es asesor de Diego Castañón.
Tun Jiménez informó que ahora, al continuar las investigaciones, salió a relucir el nombre de Alain Jiménez Santos, uno de los adquirientes del predio subdividido, a quien le ofertaron por 6 pesos el metro cuadrado, cuando el valor es de aproximadamente mil pesos.
“Ya estamos tocando cosas grandes y hay muchísimo interés, un descaro lo que ellos hicieron. Depreciaron el predio a 6 pesos el metro cuadrado, 60 mil pesos la hectárea. Esto a cualquiera le puede pasar, más si tienes una propiedad en Tulum”, acusó el litigante.
Hasta ahora, seis funcionarios del Municipio de Tulum fueron acusados de estar involucrados, destacando el mismo Presidente Municipal, Diego Castañón, quien era el Tesorero cuando se hizo la subdivisión.
Por lo anterior, el propietario procederá por la vía legal, para fincarle responsabilidades a los servidores públicos, quienes están despojando tierras y fomentando asentamientos irregulares.
“Hay delitos que pueden cometer por fomentar asentamientos irregulares; está tipificado en la ley. Los que fomenten de una forma irregular las subdivisiones de los predios tienen que ser sancionados. En este caso, no hubo compatibilidad urbanística estatal”, concluyó el abogado.
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GC