La instalación del gasoducto en zonas densamente pobladas de Mérida debe ser sancionada hasta sus últimas consecuencias, porque engañaron a la gente para poder excavar calles y colocar tubería de combustible altamente inflamable, y esto debe tener algún tipo de castigo, sobre todo porque la empresa Engie puede continuar defendiéndose legalmente, exigieron Silvia, Gabriela y Eugenia Reyes Gómez, promoventes que ganaron el amparo indirecto contra la administración de Renán Barrera Concha, que autorizó la obra.
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Detallaron que es el asunto debe ir más allá de un fallo administrativo, pues se ha expuesto a un grave peligro a la población en caso de algún incendio o explosión. En este sentido, se debe incluso fincar responsabilidades al alcalde con licencia Renán Barrera Concha. Además de este, señalaron que aún siguen su curso otros dos juicios de amparo.
Tal como POR ESTO! dio a conocer, ambas mujeres, Silvia y Gabriela, promovieron la protección de la justicia federal (expediente VII-332/2021) contra el Ayuntamiento encabezado en ese momento por Barrera Concha -quien ahora goza de licencia para hacer precampaña política- por haber otorgado los permisos y autorizaciones para la construcción de ramales para el servicio de gas natural, a través de la empresa Engie.
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La instalación irregular de los ductos en las colonias García Ginerés, San Damián y Residencial Pensiones mantiene en peligro la vida de muchas personas: en la zona hay dos mil 135 viviendas.
El impacto no solo se limita a la potencial amenaza, a la seguridad física de las familias, sino que también afecta su entorno y la estabilidad de sus viviendas; además, causa preocupante que requiere una revisión exhaustiva y medidas correctivas inmediatas.
“No hubo consulta pública”, afirmó de manera categórica Silvia, mientras caminaba por la calle 11, donde está ubicada su vivienda, y mostraba las huellas de la zanja dejada por las maquinarias que instalaron las tuberías hasta la calle 34. Sin embargo, frente a su domicilio, no pudieron pasar.
Recuerda que junto con su hermana Gabriela impidieron que las maquinarias siguieran una ruta en zigzag, como pudo comprobarse. Mientras mostraban las “huellas del delito” de Engie, se acercó la señora Rosario Molina, de 73 años de edad, quien también fue una de las mujeres valientes que se paró frente a la maquinaria que hacía las ranuras en las calles.
“Aquí, frente a mi rostro, a 20 centímetros quedó la maquinaria. Solo sentía los pedacitos de piedra que arrojaba la máquina. Pero como el operador vio que no me quitaba, entonces tuvo que detenerse”, recordó la mujer.
Ellas recuerdan que fue una lucha de varios meses. Todos los días salían a protestar, a impedir que la maquinaria siguiera su ruta trazada, que desde luego estaba mal. Silvia enfatizó que la maquinaria debió pasar frente al hospital del Issste, la calle más transitada de Pensiones, pero cambió de ruta a conveniencia para ir por la calle 11, cuya nomenclatura tampoco es clara.
Ante tal peligro, pronto se movilizaron, organizaron un grupo de comunicación entre vecinos y empezaron a planear la forma legal de defenderse. De ahí surgió la idea de promover el juicio de amparo indirecto, que fue aceptado y cuyo fallo fue a su favor a principios de enero.
Ella tiene conocimiento de que hay otros amparos presentados en la zona, al parecer dos más que también siguen su curso. Por lo tanto, la obra fue suspendida en 2021. Sin embargo, en varias ocasiones, la empresa Engie intentó continuar debido a que pagó una fianza alta para detener los juicios.
Desde que iniciaron la lucha hasta ahora, han descubierto las irregularidades en la concepción del proyecto: cambio de trazado sin conocimiento de la gente, incumplimiento del Manifiesto de Impacto Ambiental y todo con el respaldo de Renán Barrera Concha. Afirman que no se detendrán y seguirán luchando para detener por completo la obra y que se sancione ejemplarmente a los responsables, sea quien sea.
Por su parte, Fidel Cortés y Miguel Chan, aseguraron que el hoy alcalde de Mérida con licencia, Renán Barrera Concha, ha decidido “castigar” a los vecinos de la privada Residencial Pensiones Etapa VI debido a que se opusieron frontalmente a la introducción del gasoducto en la zona: los dejó sin servicios; por ejemplo, el parque lleva más de dos años en completo abandono.
Detallaron que el espacio público presenta diversas deficiencias como luminarias sin funcionamiento, las canchas de básquetbol con el piso deteriorado y sin mantenimiento, así como áreas verdes invadidas por la maleza al grado de obstruir las pocas lámparas existentes.
Y es que cuando Engie inició las maniobras en la zona sin mostrar los permisos correspondientes, los 30 residentes de la privada cortaron el acceso a las máquinas interponiendo sus vehículos; así lograron frenar los trabajos ante la falta de autorización legal.
Incluso, en los pocos trabajos realizados en los últimos meses de 2023, el Ayuntamiento evidenció nulo interés en solucionar las fallas. Acudieron supuestamente a reparar el sistema de iluminación dañado, pero su intervención empeoró la situación al provocar que la bomba eléctrica para extracción de agua fallara.
Uno de los vecinos, el profesor jubilado Miguel Chan, reveló que desde que conoció a Barrera Concha, cuando éste era más joven, nunca le pareció una persona honesta; recordó que en esa época lo cacharon robando electricidad de la CFE a través de un “diablito”.
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LV