Con el objetivo de poner a su disposición las herramientas que integrantes de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción de Yucatán (Seseay), diseñadas para el fortalecimiento de la administración pública municipal en la prevención y combate a la corrupción, ayer en sus instalaciones se llevó a cabo la primera reunión con los ayuntamientos del estado.
La secretaria técnica de la Seseay, Marysol Contreras Navarrete, resaltó la importancia de estrechar lazos entre los gobiernos municipales y el Sistema Estatal Anticorrupción, con el fin de trabajar de manera eficaz y sistemática contra el fenómeno de la corrupción.
Para ello, la Secretaría Ejecutiva, de manera conjunta con el Comité de Participación Ciudadana, convocaron a los gobiernos municipales entrantes para instarlos a trabajar juntos para cumplir con los compromisos que los alcaldes de los municipios asumieron a través del Observatorio ILEJ.
Como parte de ese trabajo conjunto, se presentaron diversas herramientas, entre las que destacaron: El Sistema de Declaraciones Patrimoniales y de Intereses, un sistema gratuito, eficiente y accesible, diseñado para facilitar a los municipios el cumplimiento de sus obligaciones en materia de rendición de cuentas.
De igual manera, la implementación de la Política Estatal Anticorrupción de Yucatán y el Sistema de Información Anticorrupción de Yucatán, fundamentales para combatir este flagelo social, y programas de capacitación dirigidos a servidores públicos, empresarios, estudiantes y ciudadanos, enfocados en temas de integridad, ética y responsabilidades administrativas, entre otros.
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Hoy, se llevará a cabo la siguiente reunión, que continuarán a lo largo del mes de octubre con el objetivo de alcanzar a los 106 municipios de Yucatán.
Esta reunión tiene como finalidad asegurar que todos los ayuntamientos cuenten con las herramientas necesarias para fortalecer la cultura anticorrupción y promover el buen gobierno en sus respectivas demarcaciones.
El Sistema Estatal Anticorrupción de Yucatán es la instancia de coordinación entre las distintas autoridades estatales y municipales, las cuales se encargan de prevenir, investigar y sancionar los hechos de corrupción y las faltas administrativas, así como de la fiscalización y control de los recursos públicos; y cuenta con la participación de la sociedad civil a través de un Comité.