Yucatán

Gasoducto en Mérida: Vecinos denuncian ante el Tribunal a Renán Barrera y a la empresa Engie

Los vecinos de Mérida afectados por el gasoducto denunciaron ante el Tribunal Unitario de Circuito con el fin de garantizar que se impongan sanciones para los responsables
Por lo tanto, los actos impugnados aún continúan causando graves perjuicios a la parte quejosa / Daniel Silva

El litigio en el Tribunal Unitario de Circuito, promovido por vecinos de García Ginerés, San Damián y Pensiones, en contra de la instalación de ductos de gas natural, puede alargarse en seis y ocho meses más, pero, a pesar de la duración prolongada, los inconformes mantienen la esperanza de que se impongan sanciones a los responsables.

Señalan como responsables, en primer lugar, al hoy alcalde de Mérida con licencia, Renán Barrera, quien autorizó los permisos de excavación en una zona urbana prohibida, y a la empresa Engie, que desvió el trazo original e intentó engañar a la comunidad con supuestas obras de agua potable.

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La señora Gabriela Reyes y sus hermanos promovieron el amparo indirecto 332/2021, ante el Juzgado Tercero de Distrito en Yucatán, que ganaron en diciembre del 2023; acusaron de responsabilidad a la Dirección de Desarrollo Urbano del Municipio de Mérida, encabezado por el Alcalde y al tercero interesado, la empresa “Tractabel SA de CV”, que pertenece a Engie.

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La demanda fue admitida el 26 de noviembre del 2021 en la que se  reclamaba la colocación y operación de ductos de gas natural o metano, así como la licencia de construcción municipal, por su potencial peligro para los habitantes de la colonia García Ginerés de Mérida, no hubo consulta a los vecinos, no hubo publicidad, ni un debido estudio de impacto ambiental, y sobre todo porque la obra no tiene un fin social, sino particular, pues se autorizó para abastecer de gas a una galletera ubicada por el rumbo.

A pesar del fallo favorable, elevaron el caso al Tribunal Unitario de Circuito para que ahonde sobre los peritajes que demuestran responsabilidad que podría implicar sanciones contra la autoridad municipal. A la empresa, por lo pronto, se le canceló el permiso de obra en la zona. Pero la negligencia es evidente por parte del alcalde con licencia, ahora candidato a la gubernatura por el Prian, por lo que los vecinos piden sanciones ejemplares.

Gabriela Reyes señaló que pide que la nueva autoridad revise a fondo el caso, aunque no hay fecha exacta para que emita un resultado; dijo que este tipo de litigios puede llevar de seis a ocho meses, por lo pronto ya va el primer mes. Tiene la certeza se puedan revisar todas las pruebas, como el hecho de que la zona habitacional es de alta densidad y con los ductos podría, en caso de algún accidente, generar una explosión de consecuencias fatales.

En la zona de García Ginerés y San Damián está el hospital público, hay otro privado, zonas comerciales (dos plazas), pequeños comercios y viviendas que habitan gente de la tercera edad, niños y mujeres. Además, la zona presenta oquedades o cenotes que pueden desfondarse por el paso de los vehículos y romper las tuberías y ductos.

Aunque a la empresa, se le aplicó una garantía de 200 mil pesos, la cual cubrió, eso no significa que los vecinos hayan recibido esos beneficios.

“El litigio sigue y no sabemos cuánto tiempo más durará, hay un período común, pero deseamos que por el bienestar de las familias los resultados sean favorables a nosotros”. El recurso de revisión debe resolver el Tribunal Colegiado del Decimocuarto Circuito, con sede también en Yucatán.

Recordó que los agravios están relacionados con el hecho de que los efectos y consecuencias del fallo del primer juez fueron insuficientes y poco efectivos. Consideró que no son congruentes y están limitados, ya que respaldan la legalidad y constitucionalidad de los actos impugnados, a pesar de tratarse de una autorización ilegal para la distribución de gas a través de tuberías subterráneas.

Por lo tanto, los actos impugnados aún continúan causando graves perjuicios a la parte quejosa. En consecuencia, considero que dicha sentencia no se ajusta debidamente a derecho, especialmente porque careció de un estudio exhaustivo y completo de las pruebas presentadas, así como de las constancias e informes de las autoridades recabados a lo largo del procedimiento.

“Sigue la espera”, subrayó.

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NM