NEWSLETTER POR ESTO!
Suscríbete y recibe la información más relevante
Volver
ÚLTIMA HORA
Deportes
Pumas visita al Puebla, sigue el en vivo de la J8 de la Liga MX
Volver
Un contingente de autoridades federales, alrededor de 100 elementos y 20 unidades vehiculares, entre las que se encontraban la Profepa, la Guardia Nacional, Marina y Sedena, se presentaron en el municipio de San Felipe, donde la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente clausuró varias zonas por irregularidades como cambio de uso de suelo en terrenos forestales. La autoridad fijó varios sellos de clausura durante la diligencia.
Se cerraron alrededor de 20 hectáreas, consistentes en relleno al humedal con material de construcción, eliminando la vegetación de manglar presente en el sitio. Se observó tala y desmonte de especies de mangle consideradas sujetas a protección especial. Se observan asentamientos humanos irregulares. Además, el daño provocado es mayor porque estas actividades se realizaron en áreas naturales protegidas. Por lo que se comenzaron varios procedimientos administrativos, todos en contra del Ayuntamiento de San Felipe.
Desde hace varios años existe un problema relacionado con la tala, desmonte, deforestación del manglar y relleno de humedales en terrenos ubicados en el municipio de San Felipe, pertenecientes a la Reserva de Ría Lagartos y el Área Natural Protegida Reserva Estatal de Dzilam.
En el año 2019, Cecilia Patrón Laviada, entonces diputada federal, denunció la devastación del mangle y demás irregularidades en contra de funcionarios del Ayuntamiento de San Felipe de ese entonces, entre ellos el que fungía como síndico municipal, Felipe Antonio Marrufo López (Catarino), ante lo cual las autoridades ambientales Semarnat y Profepa, en su momento, tomaron conocimiento del asunto, incluso se clausuraron esos sitios. Sin embargo, continúa la devastación del mangle.
Luego de la grave deforestación al costado Poniente del municipio de San Felipe -hasta llegar a la salida a Panabá- y a pesar de los múltiples llamados y denuncias, el alcalde Felipe Antonio Marrufo López, Catarino, presuntamente sigue siendo cómplice y promotor de uno de los ecocidios más graves en los últimos años.
Según vecinos al parecer el actual alcalde asigna con fines políticos, vende, cede y comercializa lotes dentro de zonas inundables y zonas de manglar en San Felipe, que forman parte de la Reserva de la Biosfera Ría Lagartos, y que son propiedad federal, sin contar con autorización, aunado a fomentar el cambio de uso de suelo y la tala indiscriminada de mangle que se encuentra sujeto a protección. En esa zona se encuentran construcciones, vialidades, casas, asentamientos humanos irregulares, pie de casas, cimientos, rellenos, mangle derribado, estructuras semifijas, delimitaciones de los humedales y zona de mangle, causando con esto un serio daño ambiental.
Se trata de los manglares en un área natural protegida, en la que existen diversas especies, como la Palma Kuká y la Palma Nakás, amenazadas como otras especies que, de acuerdo con la Norma Oficial Mexicana, son sujetas de protección especial. Como se recordará el 4 de julio 1986, Ría Lagartos fue considerada Sitio Ramsar- Humedales con Importancia Internacional para la Conservación de Aves Acuáticas – fue la primera en todo el país en ser elegida.
Existen ya diversos procedimientos legales con respecto a estos hechos y sin embargo, el presidente municipal los ha permitido, o hasta promovido según señalamientos vecinales y agrupaciones ambientalistas que denunciaron los hechos; los mismos vecinos señalan como autores al Ayuntamiento de San Felipe, en específico las administraciones encabezadas por Gabriel Marrufo Marfil, Juana Baltazar y el actual alcalde, Felipe Antonio Marrufo López, Catarino, síndico municipal de la administración anterior.
Sin embargo, y a pesar de las denuncias y de que existían sellos de clausura y todo un procedimiento legal en contra, Catarino, quien como señalamos es el actual alcalde de San Felipe, relecto para un nuevo periodo, ha llegado a amenazar con hacer uso de la fuerza pública municipal para expulsar a cualquier autoridad que interfiera en estas acciones ilegales que atentan contra todo el ecosistema de la zona.
En el 2018, la Pfofepa presentó denuncia penal por las actividades de derribo de manglar y relleno de humedal en San Felipe, dentro del Área Natural Protegida (ANP) Reserva Estatal Dzilam de Bravo.
Se denunciaron las actividades de desmonte, eliminación de vegetación natural, corte, arranque, derribo o tala, así como cambio de uso de suelo en terrenos forestales para el relleno de un humedal, actividades tipificadas como delito en el artículo 418 del Código Penal Federal (CPF).
También se declaró el daño por desecamiento y relleno de un humedal, delito establecido en el artículo 420 Bis fracción I del referido Código, para el cual se establece una pena de dos a 10 años de prisión.
En la denuncia presentada ante el Ministerio Público de la Federación en aquel entonces, se solicitó que se considerara a la Profepa como ofendida y coadyuvante en las acciones de investigación que esa autoridad determine.
La denuncia derivó de los hechos encontrados en inspecciones realizadas en las que se detectó cambio de uso de suelo, eliminación de vegetación mediante la tala y corta, afectación de ejemplares de mangle rojo, blanco, negro y botoncillo, así como el relleno y desecamiento de humedal, para la apertura de vialidades y establecimiento de asentamientos humanos irregulares.
En su momento, fueron los mismos pobladores quienes dieron a conocer que la alcaldesa Juana Baltazar y el síndico municipal Antonio Marrufo López, hoy alcalde electo de San Felipe, fomentan la invasión de estos espacios
En el área se colocaron letreros de clausurado; sin embargo, minutos antes de que llegaran las autoridades, una parte del mangle estaba recién talado en el lado Oriente de ese puerto, mientras que en distintas áreas las afectaciones alcanzan hasta una hectárea, donde han rellenado un camino de acceso con piedras y material blanco, afectando las corrientes naturales que corren bajo las raíces de los mangles. Hoy, a pesar de todo lo anterior, Profepa constató el avance de estas obras y procedió de nueva cuenta a colocar sellos de clausura.
Según los pobladores, durante la administración del actual presidente municipal de San Felipe, Felipe Antonio Marrufo López, se ha intensificado esta actividad ilegal, que se ha salido de control y con total impunidad. Estas actividades se han realizado incluso con maquinaria pesada, para ocupar y promover asentamientos irregulares y nuevos asentamientos humanos.
GC
