Las comunidades mayas de Ixil, Kinchil, Santa Gertrudis Copó y Santa María Chi hicieron llegar a los gobiernos Federal y estatal una petición para que el Plan Nacional de Desarrollo (PND) incluya todas las medidas necesarias para detener el modelo destructivo que está devastando la Península de Yucatán, y reemplazarlo por uno sustentable diseñado, por las comunidades.
El documento, entregado ayer tanto al gobernador Joaquín Díaz Mena como a la titular de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), fue elaborado por los consejos comunitarios de Ixil, y comisariados ejidales y municipales, quienes estuvieron presentes en el foro ambiental realizado ayer en Mérida.
En estas agrupaciones figuran Leydi Cocom Valencia, integrante del Consejo Nacional Indígena y del Consejo Protector de Santa Gertrudis Copó; Wilberth Nahuat Puc, comisario de Santa María Chi; Argamiro Cobá Cocom, comisario ejidal de Ixil; Rosa Amalia Ventura Ku, regidora de Kinchil.
En el texto se expusieron los principales problemas ambientales que enfrentan las comunidades mayas en la península. Las dos principales fueron proyectos inmobiliarios fuera de control y producción porcícola y avícola a escala industrial. “Cada año miles de hectáreas de tierras mayas son privatizadas ilegalmente o sobre la base de engaños por especuladores sin escrúpulos”, se denunció.
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En cuanto a las granjas, se señaló que esta actividad provoca gravísimas afectaciones ambientales, de salud pública, sobre el tejido social y la calidad de vida. Se agregó que estas prácticas ya provocaron una mayor vulnerabilidad ante el cambio climático y fenómenos meteorológicos, a la vez que desplazaron las prácticas productivas tradicionales mayas y destruyendo la cultura ancestral y el rico conocimiento que las sustenta. Derivado de ello, los pueblos originarios han sufrido desplazamiento y marginación.
“Para que el desarrollo sea sustentable, se deben conservar y restaurar los ecosistemas y áreas naturales, el territorio donde se obtiene el sustento alimenticio, económico y social”, se indicó, exhortando a una mesa de trabajo con participación de comunidades mayas organizadas en la defensa del territorio y organizaciones sociales y ambientales.
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La intención es definir un modelo de desarrollo sustentable para la península de Yucatán, así como una hoja de ruta para hacerlo posible, desde las comunidades mayas y la participación social.
De igual manera, se pidió una reforma en profundidad y fortalecimiento de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), que incluye el despido de funcionarios corruptos, el establecimiento de mecanismos sólidos de transparencia y rendición de cuentas, el seguimiento efectivo a las denuncias populares, la presentación de cargos ante juzgados penales contra quienes atenten contra el medio ambiente o violen los sellos de clausura.