Yucatán / Mérida

El exalcalde Renán Barrera dejó en manos de la casa de bolsa Bursamétrica el fondo de pensiones del Ayuntamiento de Mérida, dinero que actualmente se encuentra retenido

Renán Barrera Concha le dejó a Cecilia Patrón Laviada bajo la silla de la Presidencia Municipal de Mérida una bomba de tiempo que, si explota, puede acabar con el futuro de miles de meridanos. El candidato perdedor del Prian lo hizo con toda premeditación a unos días de dejar el cargo: su administración, encabezada interinamente por Alejandro Ruz, presentó denuncias contra la casa de bolsa Bursamétrica, por presunto fraude en el manejo de mil 200 millones de pesos de fondos de pensiones de los burócratas municipales, lo que implica -según el contrato- que la firma financiera “retenga” los recursos en tanto hay una resolución judicial.

Con esta denuncia, Barrera Concha aceptó tácitamente su culpa de mover, a espaldas de los trabajadores, el dinero de las arcas de un banco “conocido” (Banamex) a las de una casa de bolsa de cuestionada reputación por haber participado, entre otros fraudes, de inversiones fantasma de la paraestatal Segalmex. Pero, a la vez, sentenció a los burócratas municipales a esperar años para recuperar su dinero y le dejó el paquete de lidiar con ellos a la nueva Alcaldesa, quien no se ha pronunciado públicamente sobre el caso.

Al respecto, el diputado federal por el Distrito III de Yucatán, Óscar Brito Zapata, exhortó a aclarar los movimientos financieros de Barrera Concha, porque el traspaso del dinero del Sistema Individual para el Retiro y Jubilación Municipal -creado en el 2001- para garantizar la seguridad financiera de los empleados- ocurrió precisamente un día después de que solicitara licencia para contender por la relección en el Ayuntamiento de Mérida.

A pesar de que desde aquel momento se denunció el extraño traspaso de los recursos, no fue sino hasta julio pasado que la Dirección de Tesorería y Finanzas del Ayuntamiento descubrió que había movimientos irregulares en las inversiones realizadas por esta casa de bolsa, según explicó el legislador morenista.

La nueva Alcaldesa de Mérida no se ha pronunciado públicamente sobre el caso. / Especial

“Sus expertos financieros confirmaron que Bursamétrica estaba haciendo inversiones de alto riesgo con los recursos del Sistema Individual de Retiro y Jubilación Municipal. Esto pone en peligro el patrimonio y la seguridad financiera de los trabajadores”, enfatizó.

Por ello, Brito Zapata emplazó a Patrón Laviada definir su postura ante un evento que es de interés público para todos los meridanos, pues la capital yucateca “merece un Gobierno que proteja a sus trabajadores, no que negocie con su bienestar”.

Días antes de que el Ayuntamiento de Mérida comunicara oficialmente que interpuso denuncias contra Bursamétrica, el regidor Óscar Medina Cruz, advirtió que, al revisar el contrato aprobado por el Cabildo de Mérida en la administración 2018-2021, halló una cláusula que señalaba que, en caso de una querella, el fiduciario estará facultado para retener el patrimonio hasta que haya una sentencia final y definitiva.

Recordó el litigio por las luminarias, también orquestado por Barrera Concha, que duró 14 años, y reiteró que si se tomaban acciones legales los responsables tenían que estar al tanto de las consecuencias… pero la administración municipal pasada o no lo tomó en cuenta o prefirió activar la bomba de tiempo para el gobierno de Patrón Laviada, porque los trabajadores podrían presionar para que los recursos vuelvan a puerto seguro.

Yucateco en Bursamétrica

La casa de bolsa Bursamétrica ha estado en ojo del huracán por los tejemanejes de uno de sus propietarios, el empresario yucateco Roberto Guzmán García, vinculado a fraudes financieros y estafas a la Universidad Autónoma de Tamaulipas; el Fondo de Retiro de los Trabajadores de los Trabajadores de Educación operado por el SNTE; y el Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios.

De acuerdo con una investigación, incluso publicada por medios internacionales, Guzmán García, junto con René Dávila de la Vega, defraudaron al Estado mexicano por 6 mil millones de pesos, luego de convencer a tesoreros municipales de invertir dinero del erario en sus empresas financieras, con promesas de rendimiento de 11 a 13 por ciento.

Óscar Brito dijo que la Comuna anterior no acató la ley, por lo que pidió a la actual corregir el rumbo. / Especial

El modus operandi -que al parecer es el mismo que aplicaron con los recursos del fondo de pensiones municipal- era vender bonos de deuda emitidos por sus casas de bolsa, pero sin dinero que los respaldara. Cuando llegaba el momento de pagar los rendimientos, los empresarios acudían a otra institución para venderle el “producto” y refinanciarse, en una cadena interminable de engaños.

En ningún caso, las autoridades financieras se enteraban de las operaciones porque la colocación de instrumentos de deuda era privada, o sea no estaba autorizada por la Bolsa Mexicana de Valores ni se inscribe en el Registro Nacional de Valores.

El diputado Brito Zapata, quien es coordinador de los diputados federales de Morena en Yucatán, subrayó que lo que hizo el Ayuntamiento de Mérida está fuera de la ley y destacó que resulta incomprensible que desaparezcan mil 200 millones de pesos y que, hasta el momento, luego de varias denuncias públicas, ningún funcionario de la administración actual haya salido a aclarar o desmentir dicha información.

“Es por ello por lo que exigimos se esclarezca este posible fraude. De igual manera exigimos a la alcaldesa, Cecilia Patrón, defina su postura ante un evento que es de interés público para todos los meridanos”, recalcó.

GC