Yucatán / Mérida

Meridanos definen el gasto público con el Comité de Participación Ciudadana para las Obras

La alcaldesa Cecilia Patrón encabezó la instalación del Comité de Participación Ciudadana de las Obras del Fondo de Infraestructura Social Municipal de Mérida Ramo 33.
El órgano consultivo lo integran la sociedad civil, organizaciones comunitarias y autoridades municipales. / Especial

Con el objetivo de fortalecer la acción de la sociedad meridana en la toma de decisiones y el combate a la pobreza, para disminuir la desigualdad en las colonias y comisarías de la capital yucateca, la presidenta municipal Cecilia Patrón Laviada encabezó la instalación del Comité de Participación Ciudadana de las Obras del Fondo de Infraestructura Social Municipal de Mérida Ramo 33.

“La instalación de este Comité es un paso fundamental para seguir construyendo una Mérida más justa, equitativa y próspera para todos”, afirmó la Alcaldesa de la capital yucateca. “Nuestro compromiso es trabajar juntos con la ciudadanía para identificar las necesidades y prioridades de nuestra comunidad y destinar los recursos en infraestructura social, calles, parques y vivienda, priorizando a quienes más los necesitan”.

Trabajo en equipo

El órgano consultivo está integrado por representantes de la sociedad civil, organizaciones comunitarias y autoridades municipales, quienes trabajarán juntos para analizar y priorizar las necesidades y requerimientos del municipio en materia de infraestructura social básica en la administración 2024-2027.

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Durante la ceremonia de instalación, destacó la importancia de la participación ciudadana en la toma de decisiones y aseguró que el comité será un espacio para que los ciudadanos puedan expresar sus necesidades y opiniones sobre las obras y acciones que se realizarán con recursos del Fondo de Infraestructura Social Municipal.

Inversión de 300 mdp

“Vamos a invertir principalmente en el desarrollo integral de los meridanos, para que vivan mejor”, aseguró. “Destinaremos alrededor de 300 millones de pesos en infraestructura social, calles, parques y vivienda, priorizando a quienes más los necesitan. Nuestro objetivo es claro: construir una Mérida más justa, con igualdad, equidad y piso parejo, donde todos tengan oportunidades para prosperar y vivir con dignidad”, expresó.

Acompañada de Arturo León Itzá, director de Desarrollo Social y Combate a la Pobreza, y secretario ejecutivo del comité, la munícipe aseguró que la lucha contra la pobreza y la promoción de la justicia social son los ejes centrales de su Gobierno, por lo que a través del Comité del Ramo 33, se busca abordar las causas profundas de la pobreza y promover el desarrollo integral en todo el municipio.

Cecilia mencionó que en Mérida somos más de un millón de habitantes, de los cuales el 25.7 por ciento son pobres, de acuerdo con el Coneval, 2020; y el 2.9 por ciento, pobres en extremo. Ante este diagnóstico, es importante reforzar las acciones para sacarlos del rezago.

Finalmente, agradeció la participación de todos los integrantes del Comité de Participación Ciudadana y los convocó a todos a caminar juntos para mejorar la calidad de vida de los meridanos con responsabilidad colectiva, transparencia y trabajo incansable.

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Escuchar a ciudadanos

“Es el primer paso que damos para ejecutar este recurso público. Les pido su participación activa, que estemos presentes en las reuniones del comité, evaluemos, visiten las obras en campo para conocer de forma directa lo que se está haciendo, y sobre todo sentir y escuchar a los ciudadanos”, expresó.

“Uno no se equivoca cuando escucha, es sensible, camina, está cerca de la gente, por eso para mí es tan importante la cercanía y buscar soluciones a las problemáticas de la ciudad.” abundó.

El Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social (FAIS) es uno de los ocho que conforman el Ramo 33, Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios. Son recursos que provienen de los impuestos y se distribuyen a los Gobiernos de las entidades, municipios y alcaldías de la Ciudad de México.

Este recurso permite el financiamiento de obras, acciones sociales básicas e inversiones que benefician directamente a la población en pobreza extrema, localidades con alto o muy alto grado de rezago social y zonas de atención prioritaria urbanas y rurales, para contribuir a reducir el rezago en infraestructura social básica.