Un Juez federal amparó a Grecia Sosa, mujer transgénero que fue víctima de violencia física y sexual, y ordenó que se deje sin efecto la resolución del no ejercicio de la acción penal y que se repita la audiencia con otro Juez de control el próximo miércoles 7 de noviembre.
Organizaciones de la sociedad civil dieron ayer una conferencia de prensa en la que sostuvieron que Grecia ha sufrido discriminación y se le ha negado el acceso a la justicia, caso que exhibe la exclusión hacia las personas transgénero en Yucatán.
La mujer narró que, en el 2014, una persona extranjera intentó forzarla para tener relaciones sexuales. Pero como se negó, fue golpeada y recibió graves lesiones físicas en la cara, además de múltiples secuelas sicológicas derivadas de la agresión; de hecho, se tardó varios meses en presentar la denuncia “porque no sabía qué hacer ni a quién acudir”.
Dijo que requirió cirugía reconstructiva y terapia psicológica para lidiar con las secuelas tanto físicas como emocionales de la agresión. “Necesito otra cirugía interna, ustedes me ven bien, pero no lo estoy”, señaló.
“Transfobia institucional”
Acusó a las autoridades de tener “transfobia institucional”, porque “no hay un manejo adecuado para los casos de las mujeres transgénero, pues me trataban como hombre, pero no lo soy ni en lo físico ni emocionalmente hablando”.
Las activistas, encabezadas por Ligia Vera Gamboa, Adelaida Salas Salazar y el abogado Jorge Fernández Mendiburu, señalaron que ni la Fiscalía General del Estado (FGE) ni el Poder Judicial garantizaron el acceso a la justicia de Grecia Sosa.
Además, afirmaron que las autoridades encargadas de impartir justicia le han dispensado un trato discriminatorio, pues a pesar de haber pruebas suficientes, la FGE dictó el no ejercicio de la acción penal contra el presunto agresor por los delitos de abuso sexual y lesiones.
Grecia afirmó que pudo denunciar los hechos nueve meses después, en el año 2015, pero sostuvo que no recibió asesoría legal adecuada. “Fue un miedo espantoso lo que sentí, yo pesaba 47 kilos y ese hombre era mucho más grande, es un extranjero, pero no sé cómo es que está en México y hasta tiene credencial de elector, porque averigüé en la Secretaría de Relaciones Exteriores y no tiene antecedentes”.
En el colmo, dijo que la esposa de ese sujeto también la ha amenazado para que abandone el caso y cese de pedir justicia.
Todo el peso de la Ley
“La FGE omitía pruebas importantes, no me dieron asesoría adecuada, interpuse denuncias ante la Comisión de los Derechos Humanos del Estado, pero no fueron aceptadas porque dicen que no hubo violación a los derechos humanos, cuando sí ha habido. Deseo que se reabra el caso, al agresor lo procesen, lo juzguen y sea castigado con todo el peso de la ley”, afirmó.
El abogado Fernández Mendiburu dijo que el asesor jurídico de la mujer “jamás le brindó orientación legal eficaz”, por lo que el Ministerio Público no integró correctamente la carpeta de investigación.
Por ejemplo, los exámenes médicos de las secuelas físicas del ataque y otras “pruebas contundentes de la agresión” no fueron anexadas al expediente y, “en medio de las irregularidades del proceso”, el pasado 23 de enero del 2018 el Fiscal Investigador de la Agencia Sexual Uno del Ministerio Público del Fuero Común dictó el no ejercicio de la acción penal por los delitos de abuso sexual y no lesiones.
Fue por ello que la mujer presentó un recurso de inconformidad, pero, de nueva cuenta, la Juez Segunda de Control del Primer Distrito del Estado validó el dictamen del Ministerio Público.
Es así que Grecia interpuso un juicio de amparo por “violaciones al derecho de acceso a la justicia con relación a la no discriminación”, que fue otorgado el pasado 5 de septiembre y por el cual el Juez federal ordena que se reponga la audiencia del Juez de control, no que se vuelva a realizar el juicio.
El abogado dijo que, con esa acción, “el Juez federal reconoce que hay violación a los derechos humanos. Esperamos que a partir del amparo tanto la FGE como el Poder Judicial reconozcan que hay discriminación, exigimos que Grecia pueda acceder a la justicia y se apliquen los protocolos necesarios para que no se perpetúe esta situación de discriminación que ha vivido”.
Un botón de muestra
Por su parte, Vera Gamboa dijo que Yucatán ocupa uno de los primeros lugares a nivel nacional por crímenes de odio por transfobia y que el caso de Sosa, “es sólo un botón de muestra de la situación de exclusión que viven las personas transgénero en la Entidad”.
Las autoridades estatales y la Comisión de los Derechos Humanos tienen “una gran deuda” con la sociedad yucateca y deben comenzar a llevar a cabo juicios con perspectiva de género, por lo que pidió que a la brevedad se nombre al ombudsman del Estado “a través de una terna en la que participe la sociedad y que no sea un simulacro”.
Fernández Mendiburu indicó que, en el pasado proceso electoral, diversas organizaciones de la sociedad civil entregaron una agenda política en materia de derechos humanos y de la diversidad sexual a los candidatos a puestos de elección popular, en la que figuraba la dificultad de las personas de la diversidad sexual para acceder a la justicia.
“Hicimos recomendaciones a la FGE y al Poder Ejecutivo, partiendo de este caso esperamos que la nueva administración comience a trabajar. Hasta hoy el Congreso no ha cumplido, pero es una oportunidad para ver la voluntad política del gobierno y para que la Fiscalía atienda las exigencias de la sociedad”, dijo.
(Rafael Gómez Chi)