Después de varias horas de debate entre las partes, el Juez Segundo de Control del Centro de Justicia Oral de Mérida, Licenciado Luis Edwin Mugarte Guerrero, dictó auto de vinculación a proceso en contra de Gregorio Oliva Miranda y María Engracia García Chávez, Administrador Unico y Directora de la empresa farmacéutica “M.S.M. Salud S.A. De C.V.”, respectivamente, como presuntos responsables del delito de fraude procesal, al pretender cobrar una supuesta millonaria deuda con documentos falsos.
A los dos imputados, con residencia en la Ciudad de México, se les mantuvo como medida cautelar el arraigo domiciliario en el “Hotel Fiesta Americana” por unos días, en tanto buscan lugar donde residir en la ciudad de Mérida, continuarán con un dispositivo localizador y otras medidas, como el depósito de garantías económicas por un millón 200 mil pesos la dama y 600 mil pesos el imputado.
En días pasados la pareja fue puesta a disposición del Juez Segundo de Control, donde el fiscal adscrito les formuló imputaciones por el delito de falsificación de documentos, en la que se señala que con pagarés presuntamente apócrifos simularon una deuda de más de 31 millones de pesos que trataron de cobrar mediante un juicio mercantil.
La parte agraviada presentó como sus asesores jurídicos a los abogados Miguel Bargas Díaz y Pablo Hernández Herrera.
En la exposición de la teoría de hechos, los fiscales expusieron que la simulación de la deuda fue por una venganza, ya que previamente los ahora imputados habían amenazado a la parte denunciante de que su empresa no participara en la licitación de suministros y servicios médicos en distintos hospitales de la capital, porque su empresa participaría en esa licitación y no querían perderla, como finalmente ocurrió.
Según la demanda presentada ante la Fiscalía General del Estado, por parte de la Licenciada Laura Alejandra Uc Loría, en su carácter de apoderada legal de la sociedad mercantil denominada “Nacional Terapéutica S.A. De C.V.”, los ahora imputados presuntamente falsificaron cuatro pagarés con fechas entre los años 2013 y 2015, en los que según se señala la empresa de la ahora agraviada debía 31 millones 754 mil 240 pesos a “M.S.M. Salud”.
Con ello interpusieron una demanda en un Juzgado Civil de la Ciudad de México, donde también dieron direcciones distintas de la empresa afectada a fin de que no se enterara de ello y se siguiera el juicio en rebeldía.
Sin embargo, fueron enterados del proceso porque les fueron congelados los pagos de los servicios que prestaba al IMSS, porque no tenía conocimiento de la queja.
La parte agraviada presentó la demanda penal en contra de los representantes de “M.S.M. Salud”, quedando asentada con el número de carpeta de investigación UNATD35-GC/002251/2018, misma que fue ampliada por la Licenciada Rita María de Rocío Pérez Lizama y en la que se indica que la “deuda” había reducido por unos 10 millones de pesos.
Lo anterior derivado de una comparecencia en el expediente mercantil en el que el endosatario en procuración de justicia de la parte actora, manifestó a la Juez a manera de desistimiento que su “representada le informó” que la parte demandada cubrió 3 pagarés y parcialmente el último de los que reclaman, por lo que únicamente se le adeudaba la cantidad de 10 millones 216 mil 693.02 pesos.
La parte ofendida destaca que lo anterior constituye el ilícito de falsedad al afirmar ante autoridad judicial que se adeuda primeramente la cantidad de 31 millones 754 mil 240 pesos, promueven por una cantidad y luego aclaran que es menor, aunado a que “Nacional Terapéutica”, en ningún momento ha hecho pago alguno de las cantidades expresadas en los apócrifos pagarés, puesto que nunca ha firmado ni se ha obligado con la sociedad mediante pagaré alguno por dichas cantidades y malamente pretenden utilizar transferencia de pagos por la relación comercial que nada tienen que ver con esos falsos pagarés.
La audiencia inició poco después de las 2 de la tarde y concluyó cerca de las 8 de la noche, con el auto de vinculación a proceso en contra de los directivos de la empresa “M.S.M. Salud”, a quienes se les mantuvo las medidas cautelares impuestas en la audiencia de control y se concedió un par de meses al Ministerio Público para el cierre de las investigaciones complementarias.
(Armando Gamboa Romero)