La Fiscalía General del Estado, tomando en cuenta las siguientes etapas en el proceso penal que se instruye en el Juzgado Segundo de control del Centro de Justicia Oral de Mérida, a cargo Licenciado Luis Mugarte Guerrero, en torno al millonario desfalco a las arcas del Poder Judicial, demandó la ampliación en los plazos de las medidas cautelares impuestas a los presuntos responsables.
La etapa de investigación está por concluir, viene la acusación formal y luego fijar fecha y hora para la celebración de la audiencia intermedia, que es la antesala del juicio oral y la última oportunidad que tienen los imputados para plantear una salida alterna.
Ante tales efectos y ante el vencimiento de los plazos concedidos en las medidas cautelares, la Fiscalía, previendo los tiempos del proceso, solicitó al Juzgado Segundo de Control, al igual que la parte ofendida representada por el Licenciado Miguel Bargas Díaz, una prórroga en las medidas impuestas a los acusados, entre ellos el ex Secretario de Acuerdos del Poder Judicial, Licenciado Miguel Gutberto Dzul Flores.
Luego de los argumentos vertidos por las partes y sin la oposición de los imputados y sus defensores, el Juez accedió a una prórroga de 6 meses más, en los que la mayoría de ellos seguirá llevando en un tobillo un brazalete localizador, con la obligación de acudir a firmar cada mes al Centro Estatal de Medidas Cautelares y la prohibición de salir del Estado.
Algunos han manifestado a lo largo del proceso que quieren llegar a un acuerdo reparatorio, el principal implicado y una dama llegarían hasta el juicio, hace apenas unos días al ex funcionario le negaron el amparo y protección de la justicia federal contra el auto de vinculación a proceso y lo más probable es que continúe alargando el mismo con la revisión del recurso.
El proceso continuará con la acusación formal y llegará hasta la etapa intermedia, donde se ofrecerán las pruebas a desahogar en el juicio y allí se suspenderá hasta en tanto se resuelva la revisión del amparo en caso de que el abogado imputado y su defensa recurran al mismo.
Como se ha dado a conocer en forma oportuna, el imputado y en contubernio con los litigantes cobraban en el Fondo Auxiliar billetes de pólizas de fianzas y multas que estaban en custodia del Secretario de Acuerdos, afectando las arcas del Poder Judicial por más de 2 millones y medio de pesos.
Los otros implicados, que señalaron que efectivamente hacían los cobros como un favor especial a su amigo Miguel, son Mario Alejandro Cetina Burgos, Noé Manzano Villajuana, Carlos Mario Rosado Correa, Ana Gabriela Ramos Chablé y Hugo Antonio Zapata Avila.
La denuncia en su contra la presentó el apoderado legal del Poder Judicial, Licenciado Miguel Bargas Díaz.
(Armando Gamboa Romero)