A pesar de las omisiones de elementos de la Policía Estatal, el Juez Primero de Control del Centro de Justicia Oral de Mérida, Licenciado Antonio Bonilla Castañeda, declaró legal la detención del canadiense Jean Paul Lavoie, como probable responsable del delito de feminicidio.
La Fiscalía General del Estado puso ayer a disposición del Juez Primero de Control al extranjero, acusado de privar de la vida a su esposa, de la misma nacionalidad canadiense.
En la audiencia de control se expuso que se detuvo al canadiense porque al mediodía del día de los hechos, dos elementos de la Secretaría de Seguridad Pública que transitaban por la calle 69, a la altura del predio donde se registraron los mismos, un sujeto les hizo señas y les dijo en entrevista que su vecino extranjero le dijo que su esposa estaba muerta y que él la había matado.
Entonces la policía, en lugar de avisar al Misterio Público, procedió a la detención del canadiense y obtuvo su confesión sin estar presente un defensor, lo que motivó que el Juez declare nula dicha confesión y ordenó que se investigue por qué demoraron sin causa justificada los policías en ponerlo a disposición del Ministerio Público y comunicar esa detención de manera inmediata tal y como lo dispone el artículo 132.
Después de haber sido canalizado el extranjero al Hospital Psiquiátrico y ser valorado, fue puesto ayer a disposición del Juzgado Primero de Control, para formularle cargos por el delito de feminicidio por la muerte de su esposa Henrrieta Marie Josephe Carmen Le Saux, de 85 años de edad, cuya muerte se debió a asfixia mecánica por estrangulamiento, registrada el pasado sábado por la mañana, en un predio ubicado en la calle 69 entre la 74 y 76 del Centro de la ciudad.
El cuerpo de la víctima presentaba también múltiples lesiones producidas con arma blanca, de acuerdo con las versiones obtenidas se expuso que el extranjero salió de su casa con las ropas manchadas de sangre, pidiendo ayuda y gritando que su esposa Henrrieta había muerto.
Un comerciante donde entró a pedir ayuda fue quien solicitó el apoyo de las autoridades competentes, el ahora imputado fue enviado al Centro de Reinserción Social del Estado, como medida cautelar de prisión preventiva de manera oficiosa y será el próximo viernes por la mañana cuando se resuelva sobre la situación jurídica del imputado, quien enfrenta una penalidad de hasta 50 años.
(Armando Gamboa Romero)