Un grupo de ejidatarios de Cinco Colonias, ayer martes por la mañana acudieron a la Fiscalía Investigadora 33, también conocida como Agencia del Ministerio Público, para exigir que se asegure y desaloje el predio rústico con tablaje catastral 2997, propiedad de los ejidatarios, que se encuentra invadido.
El terreno se localiza a la vera del arroyo interior del Anillo Periférico, a espaldas de la colonia El Roble Agrícola y el puente del entronque de la carretera Campeche-Mérida con el Periférico.
El grupo, de alrededor de 50 ejidatarios, estaba encabezado por Pedro Reyes Villalobos y Faustino Mena Crespo, Comisario y Tesorero Ejidal, respectivamente, quienes manifestaron que el terreno, tierras rísticas, mide 18 hectáreas de terrenos incultos, es propiedad privada y pertenece a 354 ejidatarios, y según el memorial presentado en la 33 Agencia del Ministerio Público que dio origen a la denuncia GB/89/2020 con fecha del 20 de enero del presente año, declararon que el sábado 18 de enero del año en curso, otros ejidatarios les avisaron que en el terreno en conflicto, al que denominan “La Permuta”, había decenas de personas adultas, entre hombres y mujeres, que habían desmontado varias hectáreas y que les indicaron que el terreno es propiedad del ejido, pero como hicieron caso omiso optaron por pedir apoyo a la Secretaría de Seguridad Pública; manifestaron que acudieron varios elementos de dicha corporación, quienes les recomendaron que se retiraran por seguridad y pusieran la denuncia correspondiente.
Ayer martes, una funcionaria de la Agencia del Ministerio Público atendió al grupo y les indicó que les avisarían cuando tuvieran una resolución, lo que generó inconformidad, se caldearon los ánimos, el grupo de ejidatarios entró a la oficina y fue atendido por el titular, el Lic. José Felipe Canul Pinto, quien les explicó que en ese momento él no tenía la facultad para asegurar el predio y desalojar a los invasores, que se estaba integrando la carpeta de investigación y que actuarían conforme a la ley y en cuanto tuvieran una resolución les avisarían.
Los inconformes exigían que el predio fuera asegurado, querían que fuera la policía y sacaran a los paracaidistas, argumentaban que ya habían pasado más de 15 días, la denuncia fue interpuesta el 20 de enero pasado, y no habían hecho nada y amenazaban con que el próximo jueves realizarían un plantón a las puertas del Palacio de Gobierno.
El otro lado de la moneda
Por otro lado, el grupo de paracaidistas desmontó el terreno y se organizó en 4 comités, uno está representado por el señor Alberto Sonda Castillo, quien se encargó de trazar los lotes de 10 metros de frente por 20 de fondo, señalaron que el terreno desde hace más de 25 años que estaba abandonado y carentes de un trecho y patrimonio, desmontaron el predio y lo dividieron en aproximadamente 120 lotes y ante la falta de los servicios básicos, entre todos colaboraron para perforar dos pozos y comprar las bombas extractoras.
El representante del grupo señaló que para evitarse problemas habían elaborado algunos escritos, con fecha del 26 de enero del presente año, dirigidos al Arq. Carlos Francisco Viñas Heredia y la Lic. Aura Loza Alvarez, director del IVEY y directora del Catastro de Mérida, respectivamente, que dicen:
“Con el motivo de nuestra necesidad de tener un techo y patrimonio, le solicitamos la asignación de los terrenos que se encuentran en la calle 77 número de lote 7 por 16 y 6 Roble Agrícola, con el código postal 97225, en el fraccionamiento Roble Alborada, rumbo a la 86, San Marcos Sustentable, que actualmente se encuentra en estado de abandono, ya que ha permanecido por más de 25 años abandonado y se encuentra en una zona urbana; esto ha suscitado diferentes ilícitos como escondite de malvivientes, tiradero de basura: somos más de 60 familias con necesidad, con la incertidumbre esperamos su pronta respuesta, agradeciendo su atención”; los entrevistados conservan copias selladas por ambas dependencias.
Cabe señalar que los paracaidistas indicaron que habían tenido contacto con los ejidatarios para llegar a un acuerdo y que les vendieran el terreno, pero les pidieron 9 millones de pesos, ambos grupos esperan la intervención de los representantes de la autoridad para que se resuelva el problema.
(Fernando Poó Hurtado)