El Juez Segundo de Control del Centro de Justicia Oral de Mérida, Lic. Luis Edwin Mugarte Guerrero, dictaría hoy el auto de apertura a juicio en el caso de fraude específico por más de 1,500 millones de pesos que se le atribuye al empresario Ermilo Javier Castilla Roche y a su hijo Ermilo Roger.
Durante la etapa procesal, el segundo suscribió un acuerdo reparatorio con el denunciante, por lo que únicamente se procedería en contra del primero.
Luego de que se llevó al cabo la audiencia intermedia en dicho asunto, en el que las partes ofrecieron los medios de prueba para desahogar en el inminente juicio, se citó el día de hoy para dictarse en la audiencia el auto de apertura a juicio que iniciaría el próximo mes, de acuerdo con la agenda de los Tribunales de Enjuiciamiento del Poder Judicial.
Se ofrecieron unos 40 medios de prueba a desahogar en el juicio, entre documentales, periciales y testimoniales.
En los hechos que obran en la carpeta de investigación, los fiscales adscritos al Juzgado Segundo señalaron que el ahora imputado Castilla Roche fue apoderado del querellante Fernando Francisco Javier Ponce García, desde el 16 de enero del 2004 hasta el 22 de marzo del 2011, pues tenía un poder limitado para actos de dominio, con el objeto de que gestionara ante las autoridades correspondientes y obtuviera la titulación a favor del agraviado de diversas parcelas ubicadas en la isla de Holbox, municipio de Lázaro Cárdenas, Quintana Roo, títulos que en su oportunidad se le otorgaron.
Luego de haber terminado el objeto del mandato, el querellante procedió a revocarle el poder mediante escritura pública en fecha 22 de marzo del 2011.
Sin embargo, aun cuando tenía conocimiento de lo anterior, presuntamente Castilla Roche, previo acuerdo con otros implicados, utilizó el poder que le había sido revocado por su ex suegro y otorgó diversos contratos de cesión de derechos y la formalización de contratos de promesa de compra-venta de parcelas en el vecino Estado de Quintana Roo, con lo que causó un detrimento en el patrimonio del agraviado, que asciende a mil 591 millones 252 mil pesos.
El ahora imputado se encuentra privado de la libertad en el penal de Mérida como medida cautelar y enfrenta una sanción corporal de 5 a 10 años; a su madre, señora Noemí Beatriz, se le concedió a finales del año anterior el amparo y protección de la justicia federal.
Por su parte, el joven Ermilo suscribió un acuerdo reparatorio por unos 270 millones de pesos que cubrirá con mensualidades de 4 millones 551 mil pesos y el 31 de octubre del 2022 entregará la suma de 100 millones de pesos.
(Armando Gamboa Romero)