Yucatán / Sucesos

Juez vincula a proceso al exalcalde y tesorera de Ucú acusados por desfalco de más de 300 mp

Ambos funcionarios se beneficiaron de la muerte de una persona para apoderarse de dicha cantidad presentando comprobantes fiscales falsos
El acusado y la extesorera desviaron 325 mil 786 pesos / POR ESTO!

Dos exfuncionarios del municipio de Ucú fueron vinculados a proceso, acusados del delito de desfalco, porque elaboraron un plan para pagar a una persona fallecida y se beneficiaron con un monto de 325 mil 786 pesos, a costa del erario.

Un Juez de Control aplicó medidas cautelares al exalcalde M.A.C.G. y la extesorera L.B.P., entre ellas presentar una garantía económica de 5 mil pesos, acudir periódicamente a firmar en los juzgados y no podrán salir del Estado sin autorización judicial.

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En la audiencia, efectuada en el Centro de Justicia Oral de Mérida (CJOM), los agentes de la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción presentaron los resultados de las investigaciones tras la denuncia que presentó la Auditoría Superior del Estado (ASEY).

Según el expediente, los exservidores públicos simularon operaciones con cargo al erario municipal con la finalidad de beneficiarse económicamente por un monto mencionado. De acuerdo con las indagatorias, para intentar ocultar el desfalco, los exfuncionarios presentaron comprobantes fiscales emitidos por un proveedor, que había fallecido un año antes de las operaciones, lo cual fue denunciado ante la Fiscalía Anticorrupción.

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Como resultado de las auditorías que efectuó la ASEY se detectó que para intentar ocultar el desfalco, los dos acusados presentaron comprobantes fiscales que emitió un proveedor en el 2017, pero se detectó que éste murió desde el 2016.

Tras valorar los datos de prueba presentados por los especialistas de la Fiscalía, la autoridad judicial las consideró suficientes para emitir el auto de vinculación contra los indiciados. Además, otorgó un plazo de tres meses para el cierre de la investigación complementaria y mantuvo las medidas cautelares previamente impuestas a los procesados.

Adicionalmente, la Auditoría Superior solicita el embargo de una propiedad y varios vehículos para garantizar la reparación del daño, petición que será resuelta hasta el próximo 28 de septiembre.

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CC