CAMPECHE, Cam., 5 de marzo.- Con la complacencia de las autoridades y tentados por agricultores menonitas, ejidatarios de Hopelchén aprobaron la renta y el posterior desmonte de por lo menos 5 mil hectáreas de selva alta, en las pocas reservas forestales que aún quedan en el municipio chenero, considerado el más deforestado del país.
La zona que se pretende devastar sería habilitada para la siembra de sorgo y está ubicada en los límites del Municipio de Calakmul, Campeche, y José María Morelos, en Quintana Roo. La promesa de los inversionistas es que al cabo de dos años, las tierras serían entregadas ya mecanizadas a sus propietarios originales.
El tema es demasiado espinoso, sin embargo, ejidatarios de Iturbide, a quienes corresponde la dotación de terrenos que podrían ser deforestados, dijeron a POR ESTO! que Carlos Lara Dzib, presidente del comisariado ejidal, que tomó posesión el 19 de agosto del año pasado, se encargó de convencer a los pobladores de Iturbide para que celebraran el acuerdo para cambiar el uso de suelo en 27 mil 100 hectáreas.
Apenas tomó posesión, en noviembre del 2018, el nuevo presidente del comisariado ejidal de Vicente Guerrero (Iturbide) convenció a los 542 ejidatarios de ese núcleo ejidal a que dispusieran cada uno de 50 hectáreas adicionales a las que poseía cada miembro del ejido, es decir, la afectación sería de 27 mil 100 hectáreas.
Movilizan maquinaria
La motivación para disponer de las reservas forestales del ejido Vicente Guerrero quedó al descubierto cuando en fechas recientes tuvo lugar la llegada de maquinaria pesada a las tierras del mencionado núcleo ejidal.
Entonces, ejidatarios inconformes de Iturbide se encargaron de precisar a sus vecinos de Ramón Corona que existía un plan para dar en renta al menos 5 mil hectáreas de terrenos a familias menonitas de los campos de Nuevo Durango y La Trinidad.
El área que sería objeto de desmonte para convertirlas en superficies de cultivo está ubicada precisamente en las colindancias de los ejidos de Ramón Corona, Xmabén y los municipios de José María Morelos, Quintana Roo, y Calakmul, Campeche.
Quienes estarían promoviendo este nuevo ecocidio que significaría la extinción de la selva chenera serían el menonita Juan Balman, quien pretende el desmonte de mil 200 hectáreas, mismas que poseería bajo el esquema de renta.
Es necesario mencionar que, a pesar de las alertas que en materia ecológica se han dado a nivel nacional e internacional, la comunidad o los inversionistas menonitas insisten en la expansión de las superficies destinadas a la siembra intensiva de granos forrajeros.
Poseedores de capital económico, los menonitas hacen ofertas atractivas a ejidatarios y pequeños propietarios para que éstos accedan a la venta o renta de sus tierras.
También es necesario mencionar que, además del incentivo económico que los menonitas hacen los ejidatarios, también se incluye la promesa de que al cabo de algunos años, las tierras arrendadas les serán devuelvas, con el beneficio añadido de que éstas ya estarán mecanizadas y dotadas de servicios, lo cual casi nunca ocurre.
El 15 de marzo del año pasado, la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) intervino en el ejido Iturbide, luego de que se tuviera conocimiento de que al menos mil 200 hectáreas de selva habían sido deforestadas por agricultores menonitas.
En el sitio, donde tuvo también lugar un incendio forestal que acabó con por lo menos 450 hectáreas de selva, fue constatada la presencia de maquinaria propiedad de menonitas, quienes incluso, aprovechando la nacionalidad mexicana, se han integrado a los padrones de ejidatarios y han justificado su derecho al uso del suelo que desmontan.
Menonitas y su patrón
conductual ecocida
Residentes de Campeche desde hace más de 30 años, la comunidad menonita se ha caracterizado por ser trabajadora, emprendedora y gran generadora de economía. Sin embargo, también es necesario mencionar que la conducta de esta comunidad también tiene aspectos nocivos: No demuestran arraigo y amor hacia la tierra que habitan y procuran no integrarse culturalmente a las comunidades locales. Incluso obedecen a un sistema de gobierno distinto al establecido.
La propia Comisión Nacional Forestal –Conafor– ha reconocido que casi 90 por ciento de la deforestación del país sucede en zonas selváticas, principalmente en los estados de Yucatán, Quintana Roo, Campeche y Chiapas.
La citada dependencia también ha precisado que entre las principales causas de la deforestación en México se encuentra el cambio de uso de suelo en zonas forestales, con el objetivo de dedicarlo a actividades agrícolas, habitaciones o de infraestructura de comunicaciones y servicios.
La Conafor reconoció en años pasados que en sitios como Bacalar, Quintana Roo, se han apreciado huellas de deforestación, que están vinculadas a la presencia y modo de vida y economía de la comunidad menonita, grupo étnico que insiste en devastar la ecología e incluso de ni siquiera solicitar los permisos correspondientes para cambiar el uso de suelo.
Dado a que basan su estilo de vida en la religión y el trabajo, se ha pasado por alto la conducta netamente ecocida de estos mexicanos por adopción, quienes en su afán de acumular riqueza no han dudado en ser los principales promotores del cultivo de granos transgénicos (principalmente soya y maíz) cuyo principal destino es la ganadería y la industria aceitera.
Llama mucho la atención de que, a pesar de que la conducta ecocida muchos grupos menonistas ha sido una constante, nunca se les ha impuesto un alto e incluso se ha fomentado su expansión.
Las quejas en contra de estos eficientes agricultores no son recientes, pues desde 2008 a la fecha, la Profepa inició procedimientos administrativos contra comunidades menonitas por afectaciones ambientales en más de 18 mil 598 hectáreas de selva en los estados de Coahuila, Campeche y Quintana Roo.
(Joaquín Vargas / Fotos: Especial)