En el marco del Día de la Libertad de Expresión en México, el Gobernador Alejandro Moreno Cárdenas y su titular de la Unidad de Comunicación Social, Walter Olivera Valladares, presumieron durante la entrega de reconocimientos por el Premio Estatal del Periodismo un inmejorable estado de respeto y garantía plena a las expresiones de los medios de comunicación del Estado, aludiendo en sendos discursos que en Campeche la libertad de expresión “es una realidad”; sin embargo, tras las palabras adornadas, se oculta la simulación que persiste en la Entidad campechana, uno de los siete Estados de la República donde aún existen en sus Códigos Penales mecanismos de censura y acoso contra la labor periodística, representados en los llamados “delitos contra la honra”, particularmente el de calumnia.
De acuerdo con organizaciones civiles nacionales e internacionales, e incluso desde la propia Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), se ha insistido en la necesidad de que las Entidades adecuen sus marcos legales para verdaderamente garantizar la libertad de expresión, ya que los “delitos contra la honra”, difamación, injuria y calumnia, no brindan ninguna protección a la ciudadanía y en cambio sí constituyen una herramienta que puede ser usada para la persecución de periodistas incómodos a las propias autoridades, y que atentan contra el derecho universal de la Libre Expresión.
A nivel estatal, aunque el Mandatario Alejandro Moreno Cárdenas se presentó como el heraldo de la libre expresión en días recientes, lo cierto es que desde su propia administración sistemáticamente se ha obstaculizado la reforma al Código Penal del Estado para derogar el Artículo 249, que hasta el día de hoy estipula penas corporales por calumnia que se duplican si ésta es expresada en medios de comunicación. Iniciativa que fue presentada por él mismo, de su puño y letra, desde el primer periodo legislativo de su administración, en el lejano 2015, pero desde entonces se ha mantenido en la congeladora por un Congreso del Estado sumiso y complaciente a sus designios.
Una jaula
llamada “libertad”
Este 5 de junio autoridades estatales hicieron entrega de reconocimientos del Premio Estatal de Periodismo, durante el acto protocolario destacaron los mensajes de Moreno Cárdenas y su vocero Olivera Valladares, los que resultan, además de contrastantes, chocantes con la realidad que se vive en el Estado, donde estar fuera de la “nómina de medios” implica ser catalogado como “enemigo de Campeche”.
El titular de la Unidad de Comunicación Social señaló que “el extraordinario oficio del periodismo es el oficio que nos permite hablar en libertad, expresarnos en sociedad y oír sin exclusiones, como Gobierno, lo que piensan los ciudadanos libremente (…) El Premio Estatal del Periodismo ratifica que en Campeche la libertad de expresión es un acto que es un realidad (sic)”.
Mientras que el Mandatario secundó, “les queremos decir a todo el gremio periodístico que no sólo cuentan con nosotros, que tendrán nuestro respaldo y que trabajaremos todos los días para garantizar el pleno respeto a sus derechos y sus libertades, del compromiso de informar a la sociedad”.
No obstante, ese trabajar “todos los días” para garantizar el pleno respeto a los derechos y libertades, ya se ha demorado más de la mitad de su sexenio; tal como está registrado en la Gaceta Legislativa del Congreso, fue desde el 2015 que el Gobernador Alejandro Moreno Cárdenas presentó la iniciativa para reformar el Artículo 249 relativo a la calumnia, puesto que en el Código Penal campechano desde hace años ya no existe la figura de difamación ni de injuria, aunque persiste la primera como elemento coercitivo legal.
Fue él mismo quien en su iniciativa reconoció que dicho artículo violenta la libertad de expresión, pese a ello la propuesta fue enviada a comisiones y pasada de la LXII Legislatura a la LXIII sin que sea aprobada hasta el momento, siendo una iniciativa que se ha postergado pese a los llamados de organizaciones como Artículo 19 y la CNDH.
Tal como se lee en el Código Penal del Estado de Campeche, en su última reforma al 29 de marzo, hoy en día todavía existe el Capítulo II del Título Noveno, Delitos contra la dignidad y el honor de las personas, que en su Artículo 249 establece que: “Se impondrán de tres meses a un año de prisión, y multa de 100 a 300 días de salario, a quien acuse a otro de haber cometido un delito a sabiendas de que tal acusación es falsa. Si la calumnia se difunde por cualquier medio de comunicación, internet o medios electrónicos, las sanciones se aumentarán al doble”.
Es este último párrafo el que particularmente llama la atención por estar dirigido con una clara intención de censura y revanchismo contra el periodismo, puesto que a nivel nacional, en la mayoría de los Estados, la calumnia ha dejado de abordarse desde los Códigos Penales para pasar a un Código Civil, pero en Campeche persiste la simulación.
Llamado ignorado
Cabe apuntar que a finales del 2018, primero la CNDH en el mes de agosto, y luego la organización Artículo 19, en octubre, exhortaron al Estado de Campeche, y otras siete Entidades del país, Hidalgo, Michoacán, Nayarit, Nuevo León, Sonora, Yucatán y Zacatecas, a modificar sus marcos legales, pues aún existe ese tipo de delitos en los códigos penales, el que consideran limita la Libertad de Expresión y predispone una amenaza para quienes ejercen el periodismo.
La CNDH llamó a Campeche y a las otras 6 Entidades a que “se promuevan las adiciones y reformas necesarias para que lleven a cabo la despenalización de los denominados delitos contra el honor –calumnia, injurias y difamación, entre otros— y sean eliminados de los correspondientes Códigos Penales”.
Por su parte, Artículo 19 insistió en que el Congreso del Estado de Campeche derogue los delitos que tienen por efecto coartar la liberta de expresión, puesto que desde el 2016 ya había hecho un llamamiento en torno al tema.
Ignorando todo ello, tanto el Gobernador Alejandro Moreno Cárdenas, como la actual Legislatura del Congreso del Estado, incluidas las bancadas de MORENA, PRI y PAN, siguen violentando la labor periodística al NO garantizar el pleno ejercicio de la Libertad de Expresión, manteniendo acorde a sus intereses un mecanismo de censura disponible para activar en cualquier momento contra quien les resulte incómodo.
(Texto: Carlos Valdemar / Fotos: POR ESTO! / Especial)