Justificándose en los cambios que se llevan a cabo dentro del Gobierno Estatal, con la llegada del sustituto Carlos Miguel Aysa González y el enroque de Laura Luna García por Jorge Radamés Romero Bock al frente de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) del Estado, este fin de semana trascendió la salida del señalado Javier Ignacio Chérrez Sierra de la Junta Especial Número 1 de la Local de Conciliación y Arbitraje (JLCA), funcionario que deja tras de sí una estela de incumplimientos y obstrucción de la justicia laboral.
De acuerdo con fuentes consultadas en el ámbito de la abogacía laboralista, se supo que desde este jueves Chérrez Sierra entregó el cargo de presidente de la JLCA de Carmen, pero lejos de que sea cesado de la administración pública, sólo será arropado por la propia Secretaría del Trabajo al retornarlo a la capital del Estado de donde fue enviado hace más de un año para estar frente a la dependencia local.
Dentro de los graves pendientes que dejará en la Junta Local, abogados laborales señalan que al igual que su ex jefe Romero Bock, Ignacio Chérrez deja tras de sí más rezago y obstrucción de los procesos, pese a que en reiteradas ocasiones señaló ante los medios de comunicación que su interés era ir destrabando los pendientes de más de una década que se mantienen archivados en la instancia.
Como “una triste historia para los trabajadores carmelitas” consignaron litigantes consultados el paso de Chérrez Sierra y estimaron que el problema no sólo es del presidente de la Junta que se imponga desde la capital, sino que la misma STPS es la principal responsable por su desinterés y falta de apoyo a la instancia local, a lo que se suma que éstas autoridades son fácilmente corruptibles a favor de los patrones. Un círculo vicioso de incompetencia institucional.
Herencia de corrupción
Cabe señalar que durante su estancia como presidente de la JLCA, Javier Chérrez Sierra fue duramente cuestionado por presuntos actos de corrupción que trascendieron incluso a nivel nacional, especialmente con el caso del Rancho Cayamba, ubicado sobre la carretera federal Carmen-Puerto Real y con un valor de más de 100 millones de pesos.
Dicho predio fue despojado el pasado mes de junio a un grupo financiero a favor de un particular vinculado a una empresa proveedora de PEMEX, el modus operandi se enmarcó en la llamada “mafia inmobiliaria”, pues contó con la participación de autoridades ministeriales, de la JLCA así como de la Notaría número 12.
El día 15 de junio arribó sin orden judicial, mediante violencia y uso de armas un grupo de presuntos ministeriales arribó para despojar el predio embargado por el grupo financiero al particular; la justificación habría sido un juicio laboral acelerado por el propio Chérrez Sierra, en una acción completamente anómala pues de conocimiento público es el tortuguismo con el que ocurre ese tipo de casos, pues además NO notificó a la entidad financiera de estas acciones.
Siniestros ‘sospechosos’
En ese sentido vale la pena recordar lo ocurrido bajo su gestión con el caso laboral de los trabajadores de Oceanografía, ya que cuando estuvo al frente de la dependencia ésta se incendió en dos ocasiones, la primera vez en mayo del 2018 y luego el pasado marzo de este 2019, justo en vísperas de que los obreros lograran acciones de remate de bienes para el pago de sus laudos, y en dudosas circunstancias no esclarecidas.
Trabajadores de Oceanografía lo acusaron en diversas ocasiones de obstaculizar sus procesos mediante estrategias legaloides, postergando sus audiencias de pagos mes tras mes. Más grave aún, se le acusa de ser responsable de haber permitido el traslado del barco “Caballo Azteca” de las costas de Sabancuy hasta Seybaplaya, pese a que dicho bien se encuentra embargado por los obreros.
Así mismo, abogados laboralistas que ven frustrados sus casos en la JLCA, lo acusan de dar preferencia a ciertos despechos favorecidos, algunos de los cuales serían del propio Chérrez Sierra y con los cuales lucró con la justicia laboral.
Por todo ello, tanto trabajadores consultados como litigantes en activo señalan que su cese de la JLCA obedece más a una estrategia para protegerlo de posibles denuncias, que a simples cambios del Gobierno Estatal sustituto.
(Texto: Carlos Valdemar /
Fotos: POR ESTO!)