Siempre sí. Aunque responsables de la Sexta Agencia Ordenadora del Ministerio Público Federal habían puesto diversas trabas a la admisión de las demandas penales interpuestas por trabajadores de Oceanografía, en contra de quien resulte responsable por el robo del barco “Caballo Azteca” hacia Seybaplaya, fue necesario que el representante legal de los obreros en la Ciudad de México, el abogado Alejandro Donis Castro, viajara a esta ciudad para solicitar una explicación sobre el caso que pretendía ser enviado al fuero común, logrando la determinación de que la Fiscalía General de la República (FGR) sí atraerá el asunto.
Luego de una reunión en el MPF, en la que el litigante Donis Castro detalló que no se trata de un delito del fuero común, sino del orden federal por implicar a autoridades de ese nivel, además de señalar que en próximos días los trabajadores sostendrán una reunión con el Fiscal General de la República, Alejandro Gertz Manero, finalmente el MPF en Carmen “se dio cuenta” de que sí se cometió el delito de robo de un bien embargado.
Donis Castro mencionó que, “derivado de que existen embargos sobre diversas embarcaciones de Oceanografía, en particular el barco ‘Caballo Azteca’, que como ustedes saben estaba bajo resguardo de la autoridad marítima y de la autoridad portuaria aquí en Ciudad del Carmen; sin embargo, indebidamente se movió esa embarcación”.
Devaluaron el bien
“Está ahorita en Seybaplaya y se han estado haciendo trabajos de desmantelamiento al barco, al grado de que ya está muy deteriorado y obviamente es en perjuicio de los trabajadores, se han afectado sus garantías, sobre las que ellos tenían la posibilidad de cobrar, se han presentado ya desde hace 15 días una denuncia penal ante la FGR para su conocimiento y que tomen cartas en el asunto para ver los posibles responsables, o que hayan dado la orden de que se haya trasladado ese barco, o qué fue lo que pasó para que se diera esta situación”.
Sobre todo, “porque estaba a próximos días de sacarse a remate y desafortunadamente, aunque se lleve a cabo el remete, ahorita pues la embarcación ya no tenemos ni la garantía que cubra ni siquiera el monto de los laudos”.
“Hay aproximadamente 10 a 15 embargos sobre el ‘Caballo Azteca’, hay un remate que se va a llevar de entre 7 y 8 millones de pesos en los próximos días, y ese remate pues desafortunadamente como ya el barco ya no es barco, ya propiamente es una situación de chatarra meramente, ya no funciona como barco, obviamente ya no tenemos la garantía de que esa chatarra cubra ni si quiera ese laudo, es lo que estamos viniendo a denunciar, venimos a verificar que la autoridad apoye en este caso y haga su trabajo”, sentenció.
Se atraerá como
delito federal
El representante legal expresó que la autoridad ya tomó cartas en el asunto, pero sólo después de que fuera presionada por los propios trabajadores y su abogado, “ahora que ya se enteraron que se está desmantelando y se está actuando cometiendo una conducta ilícita, ya van a tomar cartas en el asunto, van a investigar precisamente quiénes son los responsables, quiénes participaron en el desmantelamiento directamente”.
Sobre las posibles autoridades involucradas, como podrían ser las Capitanías de Puerto y de Seybaplaya, además de la Comisión Nacional de Areas Naturales Protegidas (Conanp) pues fue un exhorto por el tema ecológico la supuesta justificación para mover la nave, indicó que no podría abundar al respecto pues se trata de la propia investigación, pero dejó en claro que hubo omisiones.
“Al final de cuentas hay una cosa importante, la Junta fue clara y dijo que resguardara la Capitanía de Puerto directamente la embarcación, si ellos dejaron de hacer su trabajo o en un momento dado la embarcación salió y ellos son los encargados de vigilar la cuestión marítima, pues no existe una situación más que atender a la responsabilidad por ignorar los mandatos de la Junta (JLCA)”.
“Si hubo otros mandatos, otras situaciones de otra autoridad, antes debieron haber informado a la junta para llevar a cabo una acción, al no llevar a cabo esto, o ni tener conocimiento siendo responsables de lo que ocurre en el puerto, obviamente hay omisiones.
Finalmente, externó que el caso sí se va a manejar a nivel federal, ya es un hecho que no se va a ir al fuero común, pero sólo tras la presión ejercida para que se cumpla el mandato de que la FGR atienda todos los asuntos que impliquen corrupción y afecten a la sociedad en general, en especial a los trabajadores.
(Texto y fotos: Redacción / POR ESTO!)