El Consejo Regional Indígena y Popular deXpujil (Cripx) responsabiliza al Gobierno de México del mal uso o manipulación del robo de la información financiera de la asociación, así como de las amenazas recibidas a los integrantes del organismo, por lo que ya interpusieron la denuncia penal correspondiente.
En un comunicado denominado “denuncia pública”, el consejo informa que el día 20 de septiembre del 2020, equipos y tarjetas bancarias fueron sustraídos de la habitación de la administradora, mientras que el martes 23, uno de sus compañeros fue amagado por medio de WhatsApp.
Por lo que afirman que recurrirán a todos los procedimientos legales, tanto nacionales como internacionales, para defender los derechos colectivos e individuales además de revindicar el derecho de otros y otras a disentir, aunque no estén de acuerdo con sus planteamientos; sin embargo, los respaldarán si lo hacen “en un ambiente de respeto mutuo y no de linchamiento”.
Por lo anterior, responsabilizan al Gobierno de México de la integridad física de los integrantes de la asociación y conminan al Estado de “dejar de administrar conflictos al dividir las comunidades, promover el encono, el rencor, la criminalización y la estigmatización hacia el Cripx” y otras organizaciones que defienden los derechos en general, los Derechos Humanos y de la naturaleza.
Señalan que las prácticas de división y conflicto no son nuevas y lamentan el recrudecimiento de estos mecanismos corruptos, que lo único que fomentan es la justificación de la violencia institucionalizada.
Plantean que se debe de comprender en el contexto de señalamiento del que han sido objeto diversas organizaciones de la sociedad civil de difamación, estigmatización y sobre todo, de criminalización tanto en medios gráficos como virtuales y de televisión por la oposición organizativa y con identidad cultural, por el impacto comunitario, cultural, social, ambiental, productivo y turístico, del mal llamado “Tren Maya”.
Asevera que lo único que reciben por parte del Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur) y demás instituciones que se involucran en el megaproyecto, es información parcial, limitada, sesgada, poco clara y sin soportes o anexos.
Ante las acciones emprendidas y asistencia a los eventos públicos, acusan que la respuesta de Fonatur es la promoción de grupos de contraataque a la organización y personas que la integran, más que defender la obra.
“Son grupos que dividen a las comunidades, buscan el protagonismo, se autonombran como las únicas, reproducen el discurso de descalificación de Fonatur y del Ejecutivo Federal”, acusan.
Sostienen que el Consejo, a diferencia de otros grupos promueve el conocimiento, la divulgación de los derechos individuales, colectivos y sobre todo la defensa del territorio de los pueblos indígenas.
Por Wilbert Casanova