Brindar los servicios de traducción a los ciudadanos que sólo hablan un idioma o dialecto indígena es una obligación del estado de acuerdo con leyes estatales, federales e internacionales, principalmente en temas de justicia, asuntos agrarios, de impartición de justicia y conflictos laborales.
En conferencia de la Universidad Autónoma de Campeche (UAC) se destacó lo mencionado basado en los juicios orales del nuevo sistema de justicia.
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En primera parte, el estudiante de derecho José Jhonadan Martínez Chablé dijo: “la importancia de contar con un intérprete en los procesos jurisdiccionales y su impacto en las resoluciones emitidas por el tribunal”, se destaca la práctica como importante en el nuevo sistema de justicia.
Aseguró que se busca protección más amplia al victimario y víctima, con derechos y por respeto durante los procesos judiciales, ya que el nuevo modelo lo garantiza.
En la introducción de un traductor los beneficiados son personas de comunidades indígenas e inclusive de otro país, ambos con derecho a un traductor para entender lo desarrollado en cualquier tipo de juicio.
Recordó que esto se indica en la Constitución política de los Estados Unidos Mexicanos, en el Artículo 2, apartado A, en la Ley General de los Derechos Lingüísticos de los pueblos indígenas, la Ley de Migración, Código Nacional de Procedimientos Penales, entre otros.
“Cuando estoy en una situación como imputado tengo derecho de saber los requisitos por cumplir y tener un traductor en caso de no conocer el idioma, pero si la autoridad me lo niega se puede hablar de violaciones al proceso, legalidad y derechos humanos”, remarcó.
Comentó que antes cualquier acusado era culpable hasta demostrar lo contrario, pero ahora no.
También dio un ejemplo con el caso de Felipe Gómez Vázquez, quien era de una comunidad indígena y fue sentenciado a prisión por robo, entonces en su caso se argumentó que al ser enjuiciado sin traductor o intérprete, la Suprema Corte determinó que violentaron sus derechos.
“Por ese motivo se ordenó la inmediata libertad, entonces esa es la relevancia de contar con un traductor o intérprete”, concluyó.
Derechos
Por parte de la estudiante Cristiana Guadalupe Hernández se recordó que es fundamental conservar las lenguas maternas, bajo el derecho de fortalecer los idiomas o dialectos nacionales indígenas con la misma valía que el español, por lo que el estado y las instituciones deben tener programas, atención y servicios traducidos.
Remarcó que existen ámbitos donde es esencial contar con un traductor o intérprete, como en temas de justicia, asuntos agrarios, de impartición de justicia, así como laborales, mismos que están regulados bajo legislaciones nacionales e internacionales.
De las nacionales recordó que existen apartados en la propia constitución, la ley general de los derechos lingüísticos de los pueblos indígenas, la ley de comisión de derechos humanos, el código federal de procedimientos civiles y el código nacional de procedimientos penales.
Respecto a los internacionales citó el convenio 169 de la organización internacional del trabajo, los derechos de los pueblos indígenas de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), la declaración universal de los derechos lingüísticos, entre otras.
En resumen detalló que en estos se coincide en la importancia para los ciudadanos indígenas de ser asistidos por un traductor, tener derecho a comunicarse en su lengua, no ser discriminados y tener información de los programas, obras y servicios para las comunidades en su lengua, así como el acceso a la comunicación indígena y ser atendidos en su lengua.
Detalló también que los intérpretes son aquellos que pueden ayudar a un hablante entender y hacerse entender en diversos ámbitos públicos, con conocimiento de la lengua y la variante de la persona a la que asiste, además de tener conocimiento de su cultural, por lo cual es responsabilidad de cualquier institución tener un intérprete o traductor en todo proceso institucional.
Explicó también que diversos organismos nacionales e internacionales indican que los indígenas sometidos a un sistema penal se enfrentan a un sistema judicial con grandes deficiencias, que los acusa y sentencia con discriminación y racismo.
“Los indígenas se enfrentan a procesos con irregularidades, como detenciones ilegales, fabricación de pruebas, tortura, irrespeto a la presunción de inocencia y la falta de traductores, entre otros sin considerar sus usos y costumbres”, agregó.
Por David Vázquez