HOPELCHEN, Cam., 19 de febrero.– “La defensa jurídica es la ruta para resolver el conflicto limítrofe con el Estado de Quintana Roo y para ello hay que remitirse a los antecedentes históricos y echar mano de todos los recursos legales necesarios, que deben ir en acompañamiento Gobierno del Estado, la Consultoría Jurídica y los alcaldes de Hopelchén y Calakmul.
En lo anterior coincidieron el ex subsecretario de Gobierno, Sergio Ramírez González y el ex diputado local Melvin Martín Carrillo Chávez, ambos personajes muy cercanos al tema que llegó a instancias federales, entre ellas la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
Por separado manifestaron la urgencia de integrar un equipo de trabajo multidisciplinario para abordar el conflicto desde los diferentes ángulos para dar la batalla que permita conservar las tierras que por derecho le corresponden.
Ramírez González sostuvo que durante su estancia en el Gobierno del Estado integró varias comisiones para la defensa del territorio y para ello se allegaron de personal experto en temas de ubicación satelital de los límites.
Incluso en su momento construyeron cinco helipuertos para que ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) conocieran de cerca el problema trasladándose hasta los lugares donde hay registros que delimitan el territorio mexicano y a los estados de Campeche y Quintana Roo.
Recordó que el conflicto inició durante los gobiernos de Mario Villanueva Madrid por Quintana Roo y Jorge Salomón Azar García por Campeche, donde la estrategia del mandatario campechano fue llevar obras y servicios a la zona limítrofe, en ese entonces perteneciente al municipio de Hopelchén.
En tanto, Villanueva Madrid le llevaba despensas con artículos de la canasta básica a la gente, incluso integró patrullas de vigilancia para limitar el acceso a vehículos con placas de Campeche, pero al final esa actitud favoreció a nuestro Estado.
Durante los gobiernos de José Antonio Gonzales Curí y Joaquín Hendrick Díaz, el conflicto llegó a un punto donde la SCJN intervino y fue durante los gobiernos de Jorge Carlos Hurtado Valdez y Fernando Ortega Bernés en que prácticamente hubo una tregua, ya que hubo un fallo favorable a Campeche.
Consideró que el camino a seguir es la defensa jurídica y en ese contexto remarcó que antes de ser Estado, Quintana Roo fue un territorio y para poner las cosas en su lugar deben hacer un frente común los estados de Yucatán y Campeche.
“Hay carpetas básicas expedidas por la Secretaría de la Reforma Agraria que asientan claramente que las tierras en ese entonces salieron a nombre de Hopelchén, Campeche, México y años más tarde sin explicarse cómo, se expidieron carpetas básicas y dotación de tierras como municipio de Otón P. Blanco, Quintana Roo, México”, recordó.
Más adelante junto con José del Carmen Soberanis Rodríguez trabajaron en la integración del proyecto de acuerdos basados en cinco puntos para destrabar el conflicto.
“A ratificar que son nuestras tierras”
Por su parte el legislador local Melvin Martin Carrillo Chávez se pronunció en similares términos resaltando que Campeche debe hacer uso de los recursos legales a su alcance para ratificar que las tierras son de nuestro Estado y parte de las demarcaciones municipales de Hopelchén y Calakmul.
“La defensa jurídica es el mejor camino para resolver el conflicto y si la SCJN ya resolvió una vez a favor de Campeche lo debe hacer de nuevo porque nos asiste la razón histórica y legal”, expuso.
Consideró que no es el momento de realizar actos que dañen a terceros, ya que ello puede derivar en enfrentamientos y por el momento Campeche no debe caer en el juego de Quintana Roo, ya que se desconoce qué intereses los mueven.
Fue claro al señalar que Quintana Roo fue el último en separarse de Yucatán, ya que antes lo hizo Campeche y seguramente se cuentan con documentos sólidos que permiten demostrar la propiedad de cada centímetro de tierra que actualmente se posee.
Como legislador asegura que conoció el desarrollo del conflicto por las comparecencias que hicieron los funcionarios estatales que enfrentaron el problema y fue en ese entonces en que el lío no tenía tanta resonancia como ahora.
En cuanto a la toma de carreteras manifestó que no es momento para actitudes radicales y en relación a la postura de defender cada centímetro de tierra, incluso frenar obras como el tren maya que hasta el momento sólo se está en la primera fase del proyecto y no se conoce a fondo el proyecto integral, así como el impacto social, económico y político que va a tener en la región.
“Lo que sí es cierto es que el Estado debe hacer uso de las herramientas jurídicas a su alcance y los ayuntamientos de Hopelchén y Calakmul deben ir en acompañamiento por sus capacidades económicas, técnicas y jurídicas que son muy limitadas.
“La Comisión Especial de Asuntos Limítrofes no debe distraerse, por el contrario debe implementar una defensa legal de largo alcance, las actitudes radicales pueden derivar en enfrentamientos, no sólo entre campechanos y quintanarroenses, también con personas que pueden resultar afectadas con esas medidas.
“En la región de Hopelchén los gobiernos Estatal y Municipal llevan obras y servicios a las comunidades asentadas en la zona en conflicto, son cinco mil kilómetros cuadrados en disputa y muchas veces vale más un mal arreglo que un buen pleito, nos asiste la razón y vamos a defenderla”, sentenció.
(Jorge Alberto Uc Moreno)