Creadas como una alternativa para procurar la preservación de los planteles y procurar la integración entre docentes, alumnos y los familiares de estos últimos, las sociedades de padres de familia han cumplido desde hace muchas décadas una función primordial en el sistema educativo, sin embargo, existen casos como el del Centro de Bachillerato Tecnológico Industrial y de Servicios (Cbtis) Número 126, de Calkiní, en el que su propósito ha sido pervertido.
Actualmente, existe al menos una denuncia penal en contra del director de la referida institución, Francisco Javier Fuentes Loeza, misma que fue interpuesta por una ex integrante de la Sociedad de Padres de Familia, quien asegura que el plantel 126 ha dispuesto en forma irregular del fondo económico común aportado por paterfamilias y alumnos.
El caso es tan bochornoso ya que, de acuerdo con las observaciones hechas por al menos dos padres de familias que participaban en la administración de este fondo económico, el director del Cbtis 126 “José María Morelos y Pavón” llegó al grado de disponer de esos dineros para pagarse comidas en restaurantes-bar, a pesar de que tenía conocimiento de que ese acto era por lo menos no ético y bastante inmoral.
Las sociedades de Padres de Familia de instituciones educativas, como los Centros de Estudios Tecnológicos Industrial y de Servicios (Cetis) y de los Centros de Bachilleratos Tecnológicos Industrial y de Servicios (Cbtis), funcionan con base en el acuerdo denominado Normas Técnicas para la Integración, Ejecución y Funcionamiento de los Comités Escolares de Administración Participativa.
Los organismos de padres de familia de los Cetis y Cbtis cuentan con el reconocimiento de la Unidad de Educación Media Superior Tecnológica Industrial y de Servicios (UEMSTIS) de cada entidad y cuentan con la debida representatividad jurídica.
El propósito de estas organizaciones en las que participan los paterfamilias, docentes y alumnos, obedece a la obligación del Estado a “fomentar la participación activa de los educandos, madres y padres de familia o tutores, maestras y maestros, así como los distintos actores involucrados en el proceso educativo, a fin de alcanzar una educación de excelencia”.
La norma que está vigente hasta el día de hoy también tiene entre sus propósitos promover el máximo logro de aprendizaje de los educandos, para el desarrollo de su pensamiento crítico y el fortalecimiento de los lazos entre escuela y comunidad.
La base de estos acuerdos es el Artículo Tercero de la Constitución Mexicana de los Estados Unidos Mexicanos, que en su inciso IV reitera la gratuidad de la educación, pero que en el III refiere que si bien el Ejecutivo Federal determinará los planes y programas de estudio de la educación primaria, secundaria y normal para toda la República, también considerará la opinión de los gobiernos de las entidades federativas y de los diversos sectores sociales involucrados en la educación, en los términos que la ley señale.
Reconocen omisión
Los denunciantes de las presuntas anomalías cometidas por Fuentes Loeza manifestaron ser individuos que durante su gestión como integrantes de la Sociedad de Padres de Familia del Cbtis 126, actuaron siempre creyendo en la honorabilidad del mencionado, razón por la que accedieron a darle muchos privilegios.
Aseguraron que no en todos los casos, las acciones de Fuentes Loeza concretaron una acción fraudulenta, pues muchas de sus peticiones de recursos fueron suficientemente validadas, por lo que sin mayores exigencias que las acordadas procedieron a entregarle el recurso monetario que éste les requería.
Sin embargo, reconocieron que también cometieron el error u omisión de firmarle cheques por el consumo de bienes o pago de servicios que no eran compatibles con el propósito del fondo común aportado por los padres de familia.
Los problemas comenzaron cuando los padres de familia que participan en la supervisión de los gastos comenzaron a cuestionar asuntos como el consumo de alimentos, pasajes y hospedajes, mismos que, además de ser excesivos, no estaban plenamente justificados.
Otro reproche que hicieron los aportadores de dinero al fondo de padres de familia fue las facturas que en forma constante eran emitidas y pagadas a nombre de Papelería Karla, comercio ubicado propiamente en las instalaciones del propio Cbtis 126.
La operación del referido negocio goza de la autorización de la institución educativa y de los padres de familia; sin embargo, lo que éstos últimos comenzaron a cuestionar fue el costo arbitrario de los artículos y servicios facturados.
Los denunciantes –que entregaron facturas y documentos contables a los reporteros de POR ESTO!– afirmaron que el tema del probable mal uso del fondo común aportado por los padres de familia se complicó cuando también comenzaron a surgir acusaciones de acoso sexual en contra del titular del Cbtis 126.
En este momento existe un enredo legal, pues para defenderse Fuentes Loeza también inició un procedimiento jurídico en contra de los ex administradores de los dineros de la Sociedad de Padres de Familia, desatándose una situación lamentable y bochornosa.
Suceso bochornoso y lamentable
Puesto que es evidente que el actual titular podría estar violando los principios éticos que rigen a las instituciones educativas que administra la Federación y, en particular, la UEMSTIS, es necesaria la intervención del Gobierno Federal, “pues lo que menos se quiere es exhibir a una institución noble como lo es el Cbtis 126”.
“El señor Fuentes Loeza, en vez de buscar una solución a los problemas que él mismo ocasionó, ha optado por abordar el caso en forma prepotente y desafiante. Incluso ha aprovechado su posición y el dinero que tiene a la mano para difamar a los padres de familia que le procuramos una confianza excesiva y que ahora somos exhibidos como individuos ingenuos y tontos.
“Si es necesario yo ofrezco disculpas a todos los padres de familia a los que representé, pues pequé de ingenua al darle confianza inmerecida a un individuo que se aprovechó de la situación y de su figura de autoridad. Estoy dispuesta a dar la cara y resarcir el daño que por negligencia u omisión cometí, pero también tengo la necesidad de exponer la verdad.
“Las autoridades judiciales y educativas deben hacer su trabajo y desempolvar muchos casos que han quedado en el olvido y que posiblemente la sociedad fue indolente al no tomarlos en cuenta, pues el negativo historial del profesor Fuentes Loeza es muy amplio”, dijo la informante.
La declarante –quien puso a disposición de POR ESTO! gran parte del historial administrativo de su gestión- declaró que esperan que el Gobierno Federal dé una solución sensata a este bochornoso problema, que únicamente está dañando la reputación de una institución tan noble e importante para Calkiní como es el Cbtis 126, misma que está conformada mayoritariamente por académicos y profesionistas nobles y entregados a su labor.
Actualmente, estudian en este plantel sujetos a las normas administrativas del Gobierno Federal no menos de 600 alumnos, cuyos padres deben hacer aportaciones de hasta 650 pesos semestrales.
En términos normativos, el dinero debe ser invertido en los rubros de mantenimiento de la infraestructura física y otros rubros no contemplados en el gasto regular autorizado para las escuelas que son administrados y auditados por la denominada Unidad de Educación Media Superior Tecnológica Industrial y de Servicios (UEMSTIS).
(Joaquín Vargas / Fotos: Alan Gómez)