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El proyecto del Tren Maya no puede ser detenido por el Gobierno Federal, pues ya se hizo la primera licitación y es de las pocas alternativas que tendrá la Región Sureste del país en materia de generación de empleos y generación de economía, declaró Miguel Gutiérrez Sánchez, séptimo regidor del Cabildo de Calakmul.

La declaración del también empresario del ramo turístico tiene lugar a la par del manifiesto publicado por organizaciones, comunidades y colectivos que urgen al Ejecutivo Federal a detener la construcción del Tren Maya y respetar la “libre determinación de las comunidades”, misma que no fue necesariamente bien acogida por los habitantes del Sur de Campeche.

“Ya se licitó el primer tramo: Palenque-Escárcega y se hará lo mismo con el tramo Escárcega-Calkiní, por lo que considero que la supuesta inconformidad no es más que oportunismo y mala práctica política de los enemigos del Gobierno Federal, que están aprovechando la pandemia de coronavirus para dar golpes bajos al Presidente de la República.

“Lo que más nos extraña es que no nos preguntan a los verdaderos habitantes de Calakmul, Escárcega y Candelaria. No lo hacen porque saben que el proyecto tiene nuestra aprobación y que respaldamos la gestión de Andrés Manuel López Obrador”, dijo el regidor del cabildo calakmuleño.

También manifestó que una vez que haya pasado la fase crítica de la pandemia que hoy enfrentamos, entonces no solamente se deberá impulsar el Tren Maya, sino otros proyectos alternativos, sobre todo del ramo productivo, pues también se está registrando un problema de desabasto de alimentos, debido a que la movilidad de mercancías ha sido restringida.

“Yo estoy seguro de que el progreso del Sureste no se detendrá, aunque muchos enemigos de la actual administración federal deseen lo contrario y en forma oportunista estén usando la pandemia de COVID-19 para golpear al presidente y a sus proyectos”, subrayó.

Respecto al manifiesto, es necesario mencionar que éste presuntamente cuenta con organizaciones y colectivos de toda la Península de Yucatán y en su parte medular precisa que:

El día 6 de abril del presente año, se publicó en el Diario Oficial de la Federación, el Acuerdo por el que se establecen los Lineamientos técnicos para atender la emergencia sanitaria generada por el virus SARS-CoV2, publicado el 31 de marzo del 2020, suscrito por el Secretario de Salud Pública del gobierno Federal.

De manera específica, el párrafo segundo del artículo 2 del citado Acuerdo establece claramente que todas las actividades de producción de acero, cemento y vidrio que tengan contratos vigentes con el gobierno federal deberán continuar para cumplir con los compromisos a corto plazo de los proyectos Dos Bocas, Tren Maya, Aeropuerto Felipe Angeles y el Corredor Transístmico aún cuando los acuerdos en la materia establecen el cierre de todas las actividades no esenciales en el país hasta el 30 de abril de 2020 con la finalidad de impedir se siga propagando la enfermedad.

Del mismo modo ONU-Habitat y FONATUR continúan realizando un censo y entrevistas durante la fase 2 de esta emergencia sanitaria con la finalidad de desalojar y reubicar a población de la ciudad de Campeche. Frente a este acto del Poder Ejecutivo, las organizaciones, colectivos y comunidades firmantes manifestamos lo siguiente.

PRIMERO. Resulta preocupante que frente a la emergencia sanitaria que se ha generado a nivel mundial por la aparición del Covid-19, el gobierno federal pretenda mantener las actividades relacionadas con el proyecto denominado “Tren Maya”, a pesar de que su construcción y el desalojo de personas no es esencial en el contexto de la actual pandemia.

Esta determinación, pone en riesgo la salud y la vida de las y los trabajadores que tendrán que continuar con las obras derivadas del citado proyecto, así como de la población, mayoritariamente indígena, afectada por el mismo.

El propio gobierno federal ha resaltado la importancia de mantener la cuarentena y evitar toda aquella actividad que no sea indispensable para la subsistencia de las personas, situación que no aplica en el presente caso.

SEGUNDO. Continuar las actividades relativas a la construcción del Tren Maya en el actual contexto, genera un estado de indefensión hacia aquellas personas y comunidades que han manifestado su rechazo u oposición al proyecto.

Ante la falta de normalidad en el funcionamiento de los tribunales, se debe garantizar la posibilidad real de que las personas, comunidades o colectivos puedan ejercer su acceso a la justicia para impugnar cualquier acto u omisión del proyecto, puedan hacerlo. Pareciera ser que el gobierno federal se aprovecha de la actual coyuntura para avanzar, sin el riesgo de oposición, en la continuación de un proyecto que ha sido cuestionado por diversos sectores y cuya opacidad incluso ha generado la emisión de una orden de suspensión por parte de un Juez Federal ante un amparo presentado por comunidades de Calakmul y Candelaria.

TERCERO. Del mismo modo, es materialmente imposible realizar solicitudes de información con respecto al avance del proyecto debido a la suspensión de plazos ante los institutos estatales y el instituto federal en materia de transparencia. El acuerdo que ordena mantener la construcción del llamado Tren Maya a pesar de la contingencia, se suma a la opacidad y falta de información con la cual el gobierno federal ha manejado este proyecto.

De manera insistente se ha señalado la ausencia de información sobre los impactos ambientales, económicos y sociales que dicha obra acarreará para la población, particularmente para las comunidades mayas afectadas.

(Joaquín Vargas Aké)

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