Las acciones de medición en que incurre la constructora ganadora del Tramo II del Tren Maya, al camuflarse como trabajadores de Teléfonos de México (Telmex) es una violación al Juzgado de Distrito que emitió que no se debe hacer ningún tipo de obra hasta que se emita el resolutivo definitivo al juicio de amparo que interpuso el Colectivo 3 Barrios, denunció la integrante Guadalupe Gutiérrez Cáceres.
De acuerdo con la declarante, por lo expuesto por los vecinos, personal que labora para la construcción del Tren Maya se camufla con ropa de Telmex, ya que están realizando mediciones con sus teodolitos, que es “la vara donde miden los distintos niveles de suelo”.
Calificó como toda “una parafernalia que nos está acosando cuando tenemos un amparo transitorio y se supone que no debe de haber ningún tipo de actividades por parte del grupo Carso”, al ser la compañía Cissa la constructora que ganó la licitación Tramo II del Tren Maya.
Aseguró que la semana pasada en la cuadra donde vive, “hicieron una pinta, estos abusan porque tenemos gente enferma que está resguardada y otros en mi caso personal evitando la pandemia y abusando de esto hacen pintas, vienen a trabajar y todo lo demás”.
Por lo que cuenta con los testimonios fotográficos y de video de estas acciones.
Gutiérrez Cáceres planteó que tanto el Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur) como la Organización de las Naciones Unidas para los Asentamientos Humanos (ONU-Hábitat) no responden a los requerimientos del Juzgado para su defensa.
Lo anterior, lamentó hace que se retrase “ese proceso aunado a que estamos en pandemia el aparato jurídico no trabaja a todo lo que da su capacidad” lo que ocasiona que vaya en detrimento de los vecinos y del colectivo.
Dio a conocer que se reprogramó la audiencia ante el Juez de Distrito para el 24 de agosto, por lo que espera que sea la definitiva, porque ya son dos ocasiones en que aplazan la audiencia y de acuerdo con el Presidente de la República en diciembre debe comenzar los trabajos del Tren Maya.
Manifestó que la pandemia del COVID-19 genera que los habitantes del colectivo (que lo integran vecinos de los barrios del Camino Real, La Ermita y Santa Lucía) no salgan porque la mayoría son personas adultos mayores y por lo tanto están resguardadas en sus casas.
La afectada descartó cualquier otro movimiento de protesta con respecto al proyecto ferroviario por lo que sus acciones se centran en la cuestión jurídica, “para este caso, la vía jurídica, no hay de otro, y agotaremos todas las medidas jurídicas y a los derechos a los que tengamos acceso para llegar a la finalidad de esto”, reiteró.
Por lo que expondrán ante el Juzgado todos los elementos que puedan aportar a su causa como que utilicen elementos de Telmex, cuando no se ve ninguna obra de fibra óptica o de algún tipo de alambre y si en cambio las acciones de medición y nivelación del suelo.
Añadió que eso quiere decir que “si están trabajando en eso, quiere decir que camuflados a pesar del amparo que tenemos a nuestro favor”.
Por Wilbert Casanova Villamonte