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Campeche

Prevén saturación en junta de conciliación de Ciudad del Carmen

Hasta cinco mil casos acumulados podría tener la Junta Local de Conciliación y Arbitraje en Ciudad del Carmen, misma que permanece cerrada por la pandemia del COVID-19.
Foto: Lisseth Castro
Foto: Lisseth Castro

Hasta seis meses es el plazo máximo que tendrá un proceso laboral con la entrada en vigor de la Reforma Laboral con el apoyo de los centros de conciliación, aunque todo dependerá de los funcionarios conciliadores para no saturar los juzgados, ya que actualmente las juntas podrían tener hasta cinco mil expedientes acumulados.

Lo anterior lo aseguró Julio César Matos Panti, secretario general del Colegio de Abogados de Ciudad del Carmen y abogado postulante en la materia de Derecho Laboral, quien en su experiencia en el tema indicó que el principal problema de esta saturación es la falta de conciliación real por parte de la mayoría de funcionarios de las juntas.

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Advirtió que con la nueva Reforma Laboral, el objetivo debe ser conciliar para evitar un litigio, algo que nunca se logró con el sistema actual.

Conciliar

El especialista recomendó que lo primero que debe hacer una persona despedida injustificadamente hoy día, es buscar la asesoría de un litigante en Derecho Laboral que le oriente sobre sus derechos y llegar a un acuerdo de conciliación lo más pronto posible, porque la Junta Local de Conciliación y Arbitraje en la Isla está cerrada y no se pueden hacer denuncias laborales.

“Exhorto e invito a todos los trabajadores a que concilien con los patrones donde pueden llegar a buenos acuerdos con los cuales, por medio de su abogado, conozcan los montos que les deben cubrir”, dijo.

Como situaciones alarmantes, el abogado calificó el estado que guardan algunos patrones con empresas lesionadas por la pandemia de COVID-19 en la Isla, como el pago de impuestos y del Seguro Social.

“Aquí en la Isla sabemos que hoteles y restaurantes cierran porque deben seguir pagando salarios, todo lo que tiene que ver con sus obligaciones tributarias y con aquello que les permite seguir funcionando, incluso pagos al municipio que al trabajador no le importará mucho eso”.

También mencionó que la falta de ingresos por parte de las empresas es un factor determinante para frenar el pago de cualquier liquidación a trabajadores.

“El trabajador se enfrenta también con los tiempos de la Junta Local de Conciliación que no es muy ágil, la ley establece términos, se supone que debe ser rápido como lo establece la Ley Federal de Trabajo, pero no se cumple porque la junta carece de personal, medios electrónicos adecuados y tiene una sobrecarga de trabajo enorme”, expresó.

Comentó que las juntas Local y Federal actualmente sólo reciben convenios de conciliación, demandas de muerte y escritos para desistimientos de juicios.

“El trabajador debe presentar una demanda en un término de 60 días luego del despido, la primera audiencia tal vez la tenga en otros 60 días si le va muy bien y para que se les resuelva su asunto si no se concilia en la primera etapa del juicio, lo más seguro es que su juicio dure de tres hasta cinco años para que pueda llegar a un arreglo con el patrón”.

Indicó que desde marzo hasta la presente fecha no se pueden presentar demandas laborales, entonces ese es el gran problema que tienen ahora los trabajadores.

Menos tiempo

Matos Panti indicó que se estima que la Reforma Laboral aplazará los términos de un proceso de este tipo de años a meses, donde se pretende que un procedimiento de demanda por despido injustificado por ejemplo, no exceda los siete meses y medio aproximadamente, incluyendo agotar el recurso obligatorio de conciliar, la demanda en el juzgado y entre una y dos audiencias celebradas.

“El gobierno del estado tiene la intención de que a mediados de octubre entren en funciones los centros de conciliación laborales en concordancia con la Reforma Laboral que se aprobó el 1 de mayo de 2019”, sostuvo.

Reveló que en el nuevo proceso que maneja la Reforma, los trabajadores no pueden ir directamente a los juzgados sin antes haber llevado un proceso en un Centro de Conciliación Laboral, es decir, antes de emprender cualquier procedimiento legal contra la empresa, el personal que se encarga de conciliar deberá agotar todos los recursos para resolver el conflicto obrero-patronal.

“Si tenemos buenos conciliadores, calculo que un 60 por ciento de los procesos se resolverán ahí, antes de llegar a los juzgados, por eso necesitamos buenos conciliadores”, reiteró.

Explicó que los centros de conciliación deberán solucionar conflictos laborales que en algunas ocasiones van más allá de lo laboral a asuntos personales, que en las actuales conciliaciones no se logran resolver.

Por Agustín Ferrer

 

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