En Campeche, del 100 por ciento de 4 mil 621 personas que son privadas de su libertad en alguno de los dos penales, el 65 por ciento ya recibió una sentencia (equivalente a 3 mil 3 personas), mientras que el 35 restante (que representa mil 617 reos) está en proceso; de este último, más del 50 por ciento tiene estatus de “prisión preventiva”, revela la asociación México Evalúa en el documento “Hallazgos 2020”, lo que significa que, en caso de determinarse inocentes, 808 personas habrán permanecido dentro del Cereso sin razón alguna.
La investigación también detalla que en la entidad prevalece una tasa de 126.9 personas privadas de la libertad -por cada 100 mil-, sin haber recibido una sentencia del Poder Judicial; al ser cuestionada sobre el tema, la presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Campeche (Codhecam), Ligia Nicte-ha Rodríguez, reconoció que “la entrada en vigor del nuevo Sistema de Justicia Penal estancó los procesos”.
La investigación “Hallazgos 2020”, en el apartado “Resultados” refiere que la dimensión en la que es empleada la figura de “Prisión Preventiva” puede considerarse una continuación del sistema inquisitivo; es decir, un modelo procesal penal opuesto al acusatorio que tiene como característica principal la confusión de funciones, ausencia de imparcialidad judicial, falta de igualdad de armas, escrituralidad, contradicción, reserva, presunción de culpabilidad, entre otros.
Por ello, señala que “la figura de la prisión preventiva debe emplearse de manera excepcional, pues su aplicación vulnera el principio de presunción de inocencia e impone una pena por adelantado a las personas, sin saber si son culpables o inocentes y, en muchos casos, sin haberse ejecutado una evaluación de riesgos”.
Por ello, Rodríguez Mejía señaló que “pueden ser personas inocentes y esto significa que existe una problemática que según entiendo esta administración quiere amortiguar, porque no quiere que permanezcan así y pretenden que se reduzcan las penas”, con lo que hizo referencia a las 20 solicitudes de inserción social presentadas en los tres meses de la actual administración.
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JG