En el Día Internacional contra la Corrupción (este 9 de diciembre), el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) dio a conocer que en la Entidad el porcentaje de víctimas de corrupción burocrática -de trámites- subió de 12.7 en 2017, a 14 en 2019; es decir, se elevó casi dos puntos porcentuales. Además, reveló que existen sólo 2.1 servidores de Organismos Internos de Control (OIC) por cada mil burócratas.
Los Órganos Internos de Control (OIC), encargados de establecerse en las instituciones públicas del orden federal, estatal y municipal con el fin de prevenir, corregir e investigar actos que pudieran derivar en responsabilidades administrativas es insuficiente, ya que a nivel nacional existe tres por cada mil servidores públicos. En el caso de Campeche, hay 2.1 autoridades de control por cada mil trabajadores de dependencias.
Uno de los casos más alarmantes es la eficiencia de la Fiscalía Anticorrupción de Campeche, la cual, en los primeros tres años desde su creación, acumuló 308 denuncias sin presentar alguna sentencia condenatoria; es decir, en el 100 por ciento de las carpetas por presuntos actos de corrupción hubo impunidad.
Uno de los casos más sonados en sus expedientes es el de Candelario Salomón Cruz, exdirector del Instituto Estatal del Transporte (IET), quien pese a las pruebas por desvío de recursos y tener más de 50 denuncias, no ha recibido sanción administrativa en los últimos tres años, pues del total de querellas, 36 fueron desechadas y 14 están en “análisis”.
Sobre la corrupción política, el exgobernador Alejandro “Alito” Moreno -actual dirigente nacional del PRI y diputado federal- construyó su mansión en “Lomas del Castillo” con un valor estimado por 46 millones de pesos sin esclarecer ante Transparencia Pública; es más, esta casa editorial demostró que un campechano con salario mínimo tendría que trabajar 889 años para pagarla y, de acuerdo con su salario como diputado federal, el propio Moreno Cárdenas debería destinar 25 años y medio de su sueldo (sin gastar en otra cosa) para liquidarla.
Al respecto, el exmandatario respondió “quien tenga pruebas puede denunciar en las instancias correspondientes”. Incluso, en la edificación de una de las llamadas“megaobras” de “Alito” -y que heredó al sucesor Carlos Miguel Aysa-, La Ciudad Administrativa, otorgó el 80 por ciento de los contratos a la familia Gordillo, una de las más poderosas de la entidad y allegadas al régimen priista.
La actual administración que encabeza Layda Sansores San Román también ha sido señalada por actos de corrupción, ya que la actual titular de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, Marcela Muñoz Martínez, integró a sus hijos a la función pública: su hija Samantha Bravo Muñoz funge como “directora de Seguridad Pública, Vialidad y Tránsito Municipal” y su hijo Arturo Bravo Muñoz como “director de Asuntos Internos en la Fiscalía General del Estado (FGE)”.
A nivel nacional, de las denuncias relacionadas con el incumplimiento de las “obligaciones de los servidores públicos”, el 54 por ciento se quedan pendientes de atención y el 39 por ciento no procede. En tanto, a nivel estatal, el 44 por ciento de las quejas a estos funcionarios procede y el 23 por ciento es turnado a otras instancias.
En la Entidad los policías son considerados también una agrupación corrupta, pues el 80 por ciento de los campechanos mayores de edad afirman que los elementos no son de fiar, información plasmada en la última Encuesta Nacional de Calidad e Impacto Gubernamental (ENCIG), publicada en 2019; donde también se indica que al menos 13 mil de cada 100 mil habitantes fueron víctimas de corrupción durante ese año. Seguido de los uniformados, las siguientes dependencias que se consideran menos transparentes son los partidos políticos, pues un 84 por ciento de la población no confía en ellos.
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JG