La “Mafia agraria” que integran empresarios, gobernadores y funcionarios de las dependencias federales agrarias del país despojaron en la Península de Yucatán de forma legal o ilegal más de 192 mil 600 hectáreas que se convirtieron en propiedad privada y 355 mil 304 hectáreas que fueron parceladas revela el estudio “Tres décadas de privatización y despojo de la propiedad social en la Península de Yucatán” que elaboraron Gabriela Torres-Mazuera en colaboración con Sergio Madrid y Raúl Benet Keil, que en el caso de Campeche señala a la familia Mouriño Terrazo.
En el caso de la entidad se destaca el municipio de Hopelchén principalmente en donde se incurre en esta ilegalidad, pero también en Lerma y en menor medida en otros municipios además de señalar a la familia Mouriño Terrazo de ser parte de quienes se apoderaron de terrenos ejidales.
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Enumeran que en los ejidos con actas de asambleas calificadas que promueven cambios de destino en este periodo encontramos: Isla Holbox, Península Holbox, Chunyaxche, Chiquilá, Tulum, Alfredo Bonfil, Playa del Carmen y Tres Reyes en Quintana Roo; Hopelchén en Campeche, y Muxupip, Komchén, Yaxkukul, Hunucmá, Chablekal, Ucu, Motul Caucel, Samahil, Seyé y Valladolid en Yucatán.
Resaltan que en este periodo hay numerosas denunciadas en medio de comunicación (notas periodísticas) sobre el despojo de tierras ejidales en las que participan activamente un conjunto de personas que conforman la “Mafia agraria”.
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Y subrayan que entre estos destacan Alfonso Pereira Palomo exdelegado del RAN en Yucatán al inicio de Procede Antonino Almazán, exdelegado del RAN en Yucatán también al inicio de este programa; Carlos Briceño, exdelegado del RAN en Yucatán; Gloria Magaña, exdelegada de la PA en Yucatán; Omar Corzo Olán, exdelegado de la PA en Yucatán; Pablo Alcocer, exdelegado de la PA; Rigoberto Paz, exdelegado del RAN; Gaspar Loria, jurídico de la PA; Manuel Ontiveros ex delegado la PA en Yucatán; Fernando Torres, exdelegado del RAN; Rafael Acosta, exprocurador de la Fiscalía de Yucatán (2010), entre muchos otros.
Entre los empresarios y familias que destacan como los principales beneficiarios del acaparamiento de las tierras en Yucatán están los Chapur, los Abraham, los Hernández, los Millet y los Ponce; en Quintana Roo, destacan los Borge, los Coldwell y los Joaquín, entre otros añejos apellidos, y en Campeche la familia Mouriño Atanes.
Además de inversionistas de Monterrey y otros estados del norte del país, encabezados por el exjefe de la oficina de la presidencia, Alfonso Romo, quien es socio en diversos proyectos agroindustriales en la región, como la empresa norteamericana Cargill y la empresa Enerall.
Y precisan que la prensa ha señalado a exfuncionarios del estado de Tabasco durante la gestión del gobernador tabasqueño Andrés Granier Melo y del exgobernador veracruzano Javier Duarte; que en Campeche el veracruzano se le ligó al despojo de tierras del ejido de Lerma, en el sexenio de Fernando Ortega Bernés.
En la Península
Señalan que en el análisis de los datos brindados por el Registro Agrario Nacional (RAN) se nota un aumento inusual de cambios de destino de tierra y cambios a dominio pleno en Yucatán y Quintana Roo entre 2014 y 2015.
Exponen que de acuerdo con abogados de la región, la respuesta a esta anomalía está en quien fuese el secretario de la Secretaría de Desarrollo Agrario Territorial y Urbano (Sedatu) entre 2012 y 2014: Jorge Carlos Ramírez Marín. Dicho político priista de origen yucateco se apropió de grandes extensiones de tierras ejidales en Yucatán y en Quintana Roo, en ejidos con valor para el desarrollo inmobiliario y turístico.
Entre 2012 y 2015 se identifica un aumento de actas de asambleas que validan cambios de destino y que incurren en diversas ilegalidades que involucran ejidos con tierras de enorme valor comercial, muchas de las cuales están en litigio en la actualidad.
SY