Pese a las visitas turísticas de las autoridades estatales a la franja limítrofe con Quintana Roo, los habitantes de esa zona recurren al vecino estado para la gestión de apoyos y en esta ocasión, le autorizaron 100 millones de pesos para obra hidráulica de abastecimiento de agua potable para las localidades de Guillermo Prieto, Caña Brava y Felipe Ángeles, informó el representante legal de las comunidades, Andrés Blanco Cruz, y que el Gobierno campechano pretende evitar esa inversión alegando ilegalidad.
Según Blanco Cruz, no les interesa la disputa territorial entre ambas entidades, sino quién le proporciona los servicios públicos, y en esta ocasión lograron la asignación de los recursos, pero el Gobierno campechano recurrió al Juzgado de Distrito para conocer del caso, ya que por la controversia constitucional las autoridades quintanarroenses no pueden hacer dicha inversión.
El representante legal de las comunidades, explicó que los pobladores le pidieron su asesoría, ya que como habitante de la población de San Antonio Soda habían conseguido apoyos del vecino estado, por lo que también querían resolución a su demanda de contar con el suministro de agua potable.
Argumentó que los asentamientos de esta franja fronteriza, desde hace años gestionan ese servicio a las autoridades campechanas, sin embargo, no reciben la atención por el argumento de estar en controversia constitucional, por lo que ante la cercanía con Quintana Roo interpusieron un amparo, la cual fue aprobada por la Judicatura Federal y ordenó a las autoridades quintanarroenses que se les proporcionen el vital líquido.
El argumento es que el agua es un derecho y los habitantes de las comunidades recurren a las aguadas y jagüeyes en la región para poder contar con el líquido, situación que se agudiza en temporada de secas, ya que al ser el único suministro tienen que ser precavidos en la recolección para este periodo.
Narró, que un inspector federal acudió a las comunidades que no cuentan con agua potable, hecho que contribuyó a que se emitiera el resolutivo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación a favor de los habitantes.
Estimó que son al menos 500 habitantes por comunidad (al menos 1,500 para los 3 centros) motivo por el cual las autoridades de ambos estados siempre argumentan que es muy costoso dotar del servicio de agua potable al ser poblaciones dispersas y con pocas personas, pero en esta ocasión fueron obligados a cumplir.
Ante esa medida, la consejera jurídica del Gobierno de Campeche, Olivia del Carmen Rosado Brito presentó un escrito al Juzgado Primero de Distrito donde solicita una copia certificada del expediente 1097/2019 en donde la Justicia Federal ordena a Quintana Roo dotar de agua potable a las citadas comunidades.
En su texto la consejera jurídica de Campeche, argumenta que ante la controversia constitucional 226/2019 que promovió Yucatán ante Quintana Roo y en el cual interviene Campeche como tercero interesado, advierte que se deben cumplir los acuerdos del 20 de agosto del 2019 en los autos incidentales de la controversia.
Además, sostiene que “en dicha congregación, Quintana Roo nunca ha ejercido actos de autoridad, por consiguiente, éste no puede dotar de agua, ni de ningún otro servicio a una localidad que no forma parte de su territorio, por el contrario, los servicios los dota el estado de Campeche con base en la legislación vigente”.
SY