Corre entre las calles de Escárcega, en Campeche, en busca de algún refugio. Lo siguen nueve agentes de la Policía Municipal y de la Policía Estatal Preventiva. La disparidad de fuerza es visible: un robusto cuerpo policiaco armado persigue a un adolescente menor de edad.
Logra resguardarse en la casa verde que tiene la puerta abierta.
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En el interior del inmueble, el joven graba un video del caos que ahora impera en la calle: un motín entre conductores de mototaxis y policías.
La grabación del video provoca la irritación de los agentes, quienes entran en la casa y lo agreden. Uno de ellos toma su macana y lo golpea en las rodillas. Su cuerpo cae al suelo. Los ocho policías restantes se unen a la golpiza y le dan puñetazos en la cabeza, en el rostro, en la espalda, en las costillas y en las piernas, como si fuera un costal de box.
“Uno de ellos me puso su pie encima de la cabeza para que no pudiera moverme, mientras los demás continuaban lesionándome”, relata el joven.
Es la tarde del 11 de marzo de 2019 y José camina por la calle aledaña al complejo de Seguridad Pública de Escárcega, en Campeche, a un costado de la Vicefiscalía de Escárcega, en donde se amotinan 150 conductores de mototaxis, quienes reclaman la devolución de sus unidades de trabajo que les fueron decomisadas.
José, un adolescente menor de edad, quien camina alrededor de las 13:00 horas de aquel día de marzo intenta escapar de los disturbios de la manifestación, pero no lo logra.
Desde afuera, los vecinos gritan a los policías que no golpeen al joven, pero los reclamos parecen sinfonía para sus oídos.
Lo suben a la patrulla y toman sus pertenencias: una joya de plata, el teléfono celular y mil pesos en efectivo.
“Por decirles que no tomaran mis pertenencias, uno de ellos me dio una cachetada, poniéndome boca abajo, pegándome varios de ellos con un objeto duro en la cabeza”, narra.
Una década de violencia
La Secretaría de Seguridad Pública del Gobierno de Campeche es la dependencia con más acusaciones de violación a los derechos de la población que radica en el estado.
En la última década, de 2011 a 2020, la SSP recibió el 32 por ciento del total de las recomendaciones emitidas por la Comisión de los Derechos Humanos del Estado de Campeche (CODHECAM).
En ese periodo, la Comisión realizó 501 actas de resoluciones a las instituciones, gobiernos y dependencias, de las cuales 162 fueron dirigidas a la Secretaría.
Hace tres años, en 2018, la SSP recibió el 44 por ciento del total de las recomendaciones que emitió ombudsman ese año. En 2015, acumuló el 39 por ciento y, en 2012, el 37 por ciento.
En la última década, ha superado a otra dependencia que también acumula gran parte de las actas de requerimiento: la Fiscalía General del Estado (FGE), que ha registrado 136 documentos.
Tan sólo este año, ya recibió la primera recomendación de las cinco elaboradas por la CODHECAM.
Motín de mototaxis
Desde lejos, pareciera un cuadrilátero de lucha, en el que dos contrincantes miden sus fuerzas, uno queriendo doblegar al otro.
Esta tarde del 11 de marzo de 2019 alrededor de 150 mototaxis se han reunido en las inmediaciones del Complejo de Seguridad Pública de Escárcega.
Enfurecidos, reclaman los vehículos que el Gobierno del Estado les decomisó. Lanzan piedras y palos.
Y los 55 agentes policiacos en el interior del Complejo responden con superioridad: piden refuerzos y acuden seis vehículos de distintos lugares del estado con 285 uniformados.
Cuando José camina por ahí, su sentido de alerta se activa, sabe que debe escapar del peligro, pero es demasiado tarde, queda atrapado en el conflicto.
Los policías responden a los manifestantes con gas lacrimógeno y dispararon sus armas de fuego al aire.
“Algunas personas que estaban ahí se enardecieron y comenzaron a tirar piedras a los elementos policiacos, entonces me alejé 100 metros de ese lugar por miedo a no salir lesionado o meterme en problemas”, cuenta José, según el testimonio recabado por CODHECAM.
Falla en su intento de huir. Los agentes lo arrinconan y lo golpean hasta enviarlo al hospital.
Acusaciones
La lista de acusaciones contra los agentes de la Secretaría de Seguridad Pública durante la última década es larga: cateos ilegales, visitas domiciliarias ilegales, allanamiento de morada, retención y detención arbitraria, incomunicación.
En la lista también se incluye, maltrato y agresiones, como tratos indignos, amenazas, intimidación, empleo arbitrario y excesivo de la fuerza, falsa acusación, lesiones y tortura.
Las víctimas también han denunciado el cohecho y el robo, así como daños a la propiedad privada y el aseguramiento indebido de bienes.
Los policías también han sido acusados del ejercicio de la función pública en materia penitenciaria y violaciones a los derechos de los reclusos, omisión de la valoración médica de la persona privada de su libertad, y negativa de asistencia a las víctimas.
La tortura
Al bajar de la patrulla, en las instalaciones de la Secretaría de Seguridad Pública, uno de los agentes patea la cara de José y otro más le da un puñetazo en las costillas.
“Me desnudaron. Me hicieron hacer sentadillas. Me alzaban del cabello, tomándome del cuello para ahorcarme. Al verme que no reaccionaba, me tiraron agua en la cara”, detalla.
Sin explicarle el motivo de su detención e incomunicado, lo arrojan a una celda, en donde cae sobre un charco de pipí. Más tarde, lo remiten a la Fiscalía General del Estado.
“Me ingresaron a un cuarto solo, lugar donde comencé a sentirme mal, no podía respirar, me dolían los pulmones, perdiendo la visibilidad, ya que veía borroso”, cuenta.
Y despierta en la habitación del Hospital de Especialidades Médicas. Con el cuerpo adolorido de los golpes y con una cuenta por pagar de 10 mil pesos en gastos médicos.
“El 14 de marzo de 2019 el personal del Ministerio Público le informó a mi mamá, mientras estaba internado en ese nosocomio, que apenas me dieran de alta, me podía llevar a mi casa, ya que estaba libre, sin informarle el motivo por el cual recobré mi libertad”.
SY