Desde 2016 hasta el 2019 los fraccionadores han devastado más de 10 hectáreas de manglares, ejemplo de ello es el fraccionamiento Buenavista, así como la parte posterior de Estero Pargo; al primer fraccionador, la constructora de los hermanos Rosiñol Abreu, se le aplicó una sanción por seis millones de pesos por carecer del Manifiesto de Impacto Ambiental (MIA), reveló la representante legal de Movimiento Alterno para la Recuperación de los Ecosistemas Afectados “Azul” (Marea-Azul), Lourdes Rodríguez Badillo.
Señaló que a la constructora de Ernesto Antonio “Pimpi” Manjarrez Alegría se desconoce si tuvo alguna sanción al hacer un canal de llamado, en el 2018, el cual ocasionó un daño silencioso al medio ambiente y bajo la impunidad.
Recordó que a los empresarios Rosiñol Abreu se les indicó que en lugar de pagar una multa debían restaurar el manglar, e incluso la Universidad Autónoma de Campeche (UAC) les hizo un diagnóstico, pero cuando llegó el proyecto, los Rosiñol lo robaron y no pagaron el trabajo a la universidad, y por eso fueron acreedores a una multa de seis millones de pesos, además les revocaron el permiso de construcción en el fraccionamiento Buenavista.
Añadió que este lugar contaba con permiso para construir a la orilla de la carretera con el argumento que antes eran cocales y que las plantas murieron, pues de esta manera no puede haber impacto ambiental.
Sin embargo, cuando reciben la autorización, comienzan la construcción, pero cubrieron las estructuras con plásticos para evitar que se percibiera lo que se hacía al interior, pero fueron descubiertos con fotos satelitales. “Antes la impunidad permitía construir a la orilla de la carretera hasta llegar al manglar”, mencionó la ambientalista.
Es necesario indicar que en el caso de Buenavista, así como en la mayoría de los demás fraccionamientos de relativa reciente creación en Carmen, cerca de 20, no se legisló para realizar el cambio de suelo a urbano para construir nuevos asentamientos.
Por lo que el Ayuntamiento de Carmen al ser cuestionado sobre este tema, responde que hay una comisión que ya se encarga de este problema, pero apenas iniciaron hace dos años sin que al momento se conozcan resultados.
Debido a que estos suburbios se encuentran en zona protegida, además de que oficialmente no fueron entregados al municipio por la constructora, hay varias afectaciones para sus habitantes, entre las que destacan la falta de Código Postal propio, pues utilizan el de la zona Centro, por lo regular.
“Paracaidistas”
Además, la recolección de basura y el suministro de agua se realiza mediante convenios, no por obligación del municipio, y aunque se sabe que el servicio es regular, no hay certeza de que el convenio perdure y entonces los vecinos no cuentan con argumentos legales para reclamar.
Por lo anterior, moradores de estos fraccionamientos coinciden en que son “paracaidistas con casas bonitas”, ya que legalmente el municipio no está obligado a suministrar servicios básicos, como alumbrado, pavimentación, agua y luz.
Al continuar con su declaración, la activista asentó que cuando Marea-Azul detectó un nuevo problema con los trabajos del empresario Manjarrez en la parte posterior del Estero Pargo, avisaron de inmediato al director de la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (Conanp), José Hernández Nava, de que había maquinaria que extraía arena de esa zona, y en respuesta, el funcionario ordenó tomar fotografías como evidencia, e incluso llegó personal de la Gendarmería Ambiental para detener el ecocidio.
Apuntó que la Conanp no es una institución con facultades de sancionar a los ecocidas, pero desconoce qué sucede con la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), porque cuentan con camionetas, pero luego, cuando se hacen denuncias, argumentan que no tienen gasolina para hacer recorridos. “En México se requiere de una procuraduría estratégica para la conservación de los recursos naturales”, espetó.
Señaló que actualmente vemos que a un costado del Fénix pretenden construir un fraccionamiento llamado “El Manglar”, también cuenta con un procedimiento administrativo abierto por haber destruido mangle.
“La devastación no se ha detenido, al contrario, continúa, no importa los planes de manejo si no existe la vigilancia adecuada, porque no hay cultura ambiental, y ante la falta de conciencia y respeto al medio ambiente, se tiene que pedir la aplicación de las leyes, pero para ello se deben tener los elementos para hacerla valer”, abundó.
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JG