Desde hace años el tráfico de madera en la región de Escárcega se ha acentuado sin que la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) se aboque a la problemática.
Mientras tanto, los “talamontes” acaban con la selva en los ejidos con la complicidad de autoridades ejidales, pues en lo que va del año se han deforestado más de mil 500 hectáreas con árboles como granillo, chiricote, cedro y caoba en División del Norte, Luna, Don Samuel, Haro, El Gallo y El Huiro, según dieron a conocer ejidatarios que temen a represalias de los saqueadores, que están organizados y cuentan con un aparato de logística, e incluso de las autoridades.
Campesinos aseguran que a sus tierras llegan personas de Puebla, Monterrey y de la Ciudad de México (CDMX) para entrevistarse con las autoridades ejidales y las municipales, que a su vez sirven como como intermediarios para contactar a dueños de parcelas y les ofrecen alquilar sus selvas, pero primero se cercioran de que cuenten con zonas maderables; aunque cabe señalar que los propietarios no tardan en aceptar el trato ante la necesidad debido a la crisis económica.
Después, contratan a cortadores de madera que también se prestan esta ilícita actividad, aunque justifican que es por necesidad debido a la falta de fuentes laborales, además de que los trabajos son mal pagados, ya que por jornal sólo reciben 100 pesos al día, mientras que los que provienen de Puebla, Monterrey y la CDMX pagan 500 pesos diarios por cortar árboles, lo que significa una mejoría en su economía.
Por lo anterior, los campesinos que reportaron este problema acusan una red de complicidades en la depredación y ecocidio que daña el “pulmón” de la región.
También describieron que cuando el producto está cortado, llegan tráileres procedentes de Monterrey, Puebla y la Ciudad de México para llevarse la madera, pero sin contar con documentos de transportación. En otros casos los dueños de las cargas falsifican los papeles, como ha quedado demostrado en las detenciones de estas unidades por autoridades municipales.
El último aseguramiento sucedió el 16 de marzo del año en curso, cuando policías aseguraron dos vehículos con rollos de madera de la especie granadillo en el tramo carretero División del Norte-Escárcega, donde los conductores y la carga fueron turnados a la Fiscalía General de la Republica (FGR) con sede en esta ciudad.
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Sin embargo, la Profepa no ha realizado operativos en las diferentes comunidades de la entidad y el municipio y al parecer simplemente no detectan ninguna anomalía respecto a la explotación y tráfico de madera cuando realizan recorridos, los cuales son mínimos.
Los campesinos abundaron que en caso de que la tala ilegal no se detengan, en pocos años se acabará este recurso.
GH