La Contraloría del Estado y la Auditoría Superior de la Federación (ASF), o en su caso la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), deben investigar a fondo el presunto desvío de recursos del gobierno estatal de Alejandro Moreno Cárdenas, debido a que la deuda pública que deja es por el orden de dos mil 100 millones de pesos, que deberán pagar las administraciones futuras; de no justificarse la forma correcta en que se emplearon los recursos, que sea castigado con cárcel por el delito de peculado, manifestaron la diputada local por Morena, María Sierra Damián, y el contador público Javier del Carmen Bello Ávila.
Sierra Damián expresó que el Gobierno del Estado que está por concluir adquirió deuda sin lograr crecimiento y productividad, y es lamentable que Campeche sea etiquetado como estado petrolero cuando uno visita las comunidades rurales y se enfrenta con la pobreza.
Abundó que de acuerdo con el ejercicio fiscal, los presupuestos asignados al estado fueron para el 2018 del orden de 19 mil 590 millones 991mil 957 pesos; para el 2019 fueron 21 mil 179 millones 763 mil 006 pesos; en el 2020, 21 mil 982 millones 741 mil 867 pesos, y para 2021 el presupuesto se ubicó en 21 mil 454 millones 315 mil 101 pesos, lo que significa que el presupuesto para Campeche ha sido suficiente.
“La corrupción se debe acabar y que se investigue con una auditoria para saber cómo se utilizó el dinero y sentar un precedente de que no se puede continuar con el mal manejo del dinero”, añadió.
Corroborar uso del erario
Por su parte, Bello Ávila agregó que la deuda que contrajo Alejandro Moreno Cárdenas durante sus cuatro años de gobierno la debe justificar, porque es fácil que el Congreso la autorice; sin embargo, tiene que demostrar que esos recursos se invirtieron en obras, en nóminas o compra de bienes. Además, la contraloría del estado debe informar en qué se invirtieron dichos recursos.
Mencionó que las deudas que contraen los gobiernos repercuten y se reflejan en los posibles aumentos a los impuestos, porque actualmente hasta para solicitar una copia certificada de nacimiento y un historial en el Registro Público de la Propiedad se habla de 200 a 300 pesos.
Finalizó diciendo que tal vez esos recursos fueron desviados a otros rubros, lo cual es peculado. Y no sólo se trata de sancionar al exgobernador o gobernador en turno, sino castigarlo con cárcel.
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GH