Ante la negativa de la Junta de Conciliación y Arbitraje para emplazar a juicio al Ayuntamiento y liquidar conforme a derecho a 250 trabajadores despedidos injustificadamente en 2018, los afectados interpusieron un amparo federal, señaló su representante, Jorge García Díaz, quien afirmó que son alrededor de siete millones de pesos los que tendría que pagar el gobierno municipal por concepto de indemnizaciones, pues acusó que por órdenes del gobierno del estado el proceso se han mantenido estancado durante tres años, además a esto se suma la reciente demanda jurídica de ocho trabajadores despedidos por cuestiones políticas luego del proceso electoral.
Explicó el abogado que fueron 17 demandas grupales las que se hicieron en el 2018 al iniciar el periodo municipal de Maritza Díaz Domínguez, mismas que fueron aceptadas por Conciliación y Arbitraje, pero nunca ha querido emplazar a juicio al Ayuntamiento, ya para esto corren tres años.
Mencionó que en muchas ocasiones se reunieron con la autoridad local y su abogado Alfredo Cardeña Vázquez, pero no se pudo llegar a ningún acuerdo, ya que ofrecían liquidaciones de 15 y 30 días a trabajadores que tienen 15 o 18 años de antigüedad laborando para el gobierno.
Comentó que si Conciliación y Arbitraje se ha negado en forma consistente a dar apertura a este juicio laboral, se debe en mucho por órdenes del gobierno del estado para que las cosas se mantuvieran estancadas con cualquier pretexto, el último de ellos por la pandemia, cuando las demandas realizadas y aceptadas fueron dos años antes, menciono que actualmente fue aceptado el Juicio de Amparo y se espera que septiembre u octubre se tenga una audiencia.
Mientras tanto seguirán presionando en las instancias legales y manteniendo informado a los trabajadores que fueron despedidos, aunque dijo que sería lamentable que le dejaran una carga económicamente fuerte a la próxima administración municipal.
Por otra parte, dijo que los afectados le han pedido sea el intermediario para una reunión que quieren tener con la próxima gobernadora del estado, Layda Sansores San Román, y hacerle ver su problema.
Agregó que los trabajadores despedidos se encuentran abiertos en forma permanente al diálogo, y llegar a acuerdos, pero que tienen implícito 90 días de salario, 12 días por año laborado, salarios caídos, que sea realmente algo justo y conforme a derecho, afirmó que próximamente se reunirá con ellos, como lo ha venido haciendo para darles a conocer sobre el juicio de amparo.
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GH