Campeche no tiene condiciones sociales ni económicas para implementar un programa como Cárcel Abierta, expuso la presidenta de la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación (Canacintra) en Campeche, Esperanza Ortega Azar. Además, señaló que el programa que busca implementar la gobernadora Layda Sansores San Román es poco claro sobre los beneficiarios y tampoco hay garantía para que los reos no huyan, por lo que podría tener consecuencias y los campechanos serían los más afectados.
“No tenemos las circunstancias adecuadas, ni siquiera en el país y mucho menos en Campeche, para que este programa se pueda implementar. En un inicio implicaría hacer modificaciones a la Constitución Política federal y a la Constitución Política de Campeche, así como al Código Penal, para que pueda aterrizarse”, dijo.
Al interior de la iniciativa privada no ven con buenos ojos la implementación de este proyecto, ya que, para emplear a algún recluso, eso correría por completo a costa de los empresarios locales y en primera instancia habría que cubrir el pago de su salario, así como la adaptación de los espacios para que estas personas puedan trabajar y también tendría que considerarse la contratación de una persona que se encargue de vigilar a los reos. Además, en caso de que la persona en cuestión huya, quién se hará cargo de esa situación.
Por otra parte, al interior del Centro Penitenciario de San Francisco Kobén, los reclusos siempre han tenido oportunidades de empleo para llevar el sustento a casa, ya que algunos de los empresarios locales han hecho uso de la mano de obra al interior de estos espacios, donde los reos han tenido participación de acuerdo con sus capacidades laborales, como el tejido de hamacas y procesamiento de productos.
Por ello, Ortega Azar exhortó a las autoridades competentes para que planifiquen bien cómo es que implementarán este programa, porque al día de hoy el proyecto es poco claro. No sólo es soltar al reo porque sí, se tiene que tener la certeza de que volverá cada día para cumplir con su sentencia y que los crímenes que cometió no sean considerados como “graves” o de “alto impacto”, porque no es lo mismo soltar a un homicida o a un violador, como beneficiar a alguien que está injustamente en prisión sin tener una defensa adecuada.
Entre las cuestiones que requieren una revisión exhaustiva, están las condiciones en que viven al interior de los Centros de Reinserción Social (Cereso), que de ser necesario se hagan las inversiones correspondientes para que puedan mejorarse.
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CC