La carencia de uso de tecnologías de información para atender servicios legales ha repercutido en que Campeche sea el segundo lugar a nivel nacional con el Poder Judicial más lento del país, consideró la secretaria general de la presidencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Alejandra Spitalier Peña, luego de que México Evalúa calificara al Estado como incapaz de responder a las necesidades de la sociedad.
“Proceder con la digitalización de los servicios podría abonar a desahogar el número de casos, de atenciones o de expedientes que continúan en trámite a nivel local, es una medida que nosotros desde el Poder Judicial Federal implementamos y ha dado buenos resultados; si un justiciado desarrolla su FIREL (Firma Electrónica), puede realizar todos los trámites en línea y agilizar plazos e incluso disminuir costos”, dijo.
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De acuerdo con México Evalúa, a través de su estudio de “Tasa de congestión judicial” 2020, reveló que Campeche es el penúltimo lugar en eficacia del Poder Judicial al dejar en la lista de espera nueve de cada 10 asuntos legales que llegan a los juzgados locales, sólo detrás de Colima que no logra atender ningún asunto promovido por la misma ciudadanía.
Los Estados con mayor tasa de congestión judicial, que son los que menos carga de trabajo asignan al personal jurisdiccional, son Colima que de 48 jueces, registra cuatro causas asignadas por persona juzgadora, y Campeche que de 107 jueces que posee asigna cinco asuntos legales por persona juzgadora.
Spitalier Peña ejemplificó que con el uso de teléfonos inteligentes, computadoras o dispositivos electrónicos, el abogado tiene la posibilidad de presentar el escrito de amparo, promover una demanda o en su caso algún recurso de inconformidad, así como recibir la sentencia de su asunto, lo que en mayor medida incide en la agilización de los servicios legales.
Indicó que debe de separarse la respuesta a la solución de conflictos que dan tanto el Poder Judicial local como el federal, porque cada una es una competencia completamente distinta a la que se puede recurrir, ya que en la máxima esfera del derecho, para amortiguar el retraso que fue generado por la pandemia de COVID-19, tuvieron que implementar metodologías en línea para atender los litigios o asuntos violatorios de Derechos Humanos.
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JG