La construcción de la “Ciudad Segura” antes presentada como “Ciudad Administrativa” iba a tener como finalidad ahorrar más de 33 millones de pesos mensuales que eroga el Gobierno del Estado en arrendamientos de inmuebles, sin embargo, la edificación está detenida por la carencia de permisos que no fueron otorgados en el 2021 por el Ayuntamiento de Campeche, y en cambio se siguen pagando sumas millonarias en renta de edificios para uso gubernamental.
Al cuestionar a la secretaria de Desarrollo Territorial, Urbano y Obras Públicas (Sedetuop) de Campeche, Isabel del Carmen Espinosa Segura, se rehusó a hablar del tema, lo mismo la encargada de comunicación social Daniela Alpuche González, quien señaló que de los avances o retrocesos en la cimentación de la mega obra “no está permitido dar información al respecto”.
Qué dice la ley
La Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Campeche a la letra señala en el artículo 11 que: “toda la información pública generada, obtenida, adquirida, transformada o en posesión de los sujetos obligados es pública y será completa, oportuna y accesible a cualquier persona, para lo que se deberán habilitar todos los medios, acciones y esfuerzos disponibles, en los términos y condiciones que establezca la Ley General, la presente Ley y demás normatividad aplicable”.
Además, la norma vigente en el Estado precisa que la entrega de información deberá garantizar que sea accesible, confiable, verificable, veraz, oportuna y atenderá las necesidades del derecho de acceso a la información de toda persona, por lo que la administración, así como la encargada del departamento de comunicación social de la Sedetuop, incumplen la normatividad de transparencia y acceso a la información pública.
Espinosa Segura refirió que para el caso de la Ciudad Administrativa fueron 68 contratos firmados por Edilberto Buenfil Montalvo, titular de la entonces Secretaría de Desarrollo Urbano, Obras Públicas e Infraestructura (Seduopi), pero con el cambio de administración, las obras tuvieron que ser detenidas ante las carencias en los permisos de construcción de la Comuna capitalina.
“Los contratos se ejercieron todos, creo que fueron 68 que tiene la Ciudad Administrativa, es sólo un proceso de regularización en los que estamos trabajando, en su momento serán las áreas correspondientes de brindar más información al respecto”, justificó, sin querer dar más detalles.
Al solicitar información con la encargada del departamento de comunicación social Daniela Alpuche González, acerca de los montos de inversión iniciales para la construcción de la ahora Ciudad Segura, así como los gastos añadidos para la adecuación de espacios para personas con discapacidad, respondió que “no está permitido brindar información”.
Alquileres millonarios
De acuerdo con información obtenida a través de la Plataforma Nacional de Transparencia (PNT), el Gobierno del Estado destina al mes 33 millones 411 mil 422 pesos con 40 centavos para el pago de 59 contratos de arrendamientos vigentes sólo en lo que va del 2022, más de la mitad se encuentran en el primer cuadro de la ciudad, por lo que al final del ejercicio fiscal se habrá destinado 400 millones 937 mil 69 pesos.
Cabe recordar, que el 14 de julio del 2020, el exsecretario de Planeación de Campeche, Tirzo García Sandoval advirtió que serían destinados más de 500 millones de pesos para la construcción de la Ciudad Administrativa, ya que en ese entonces las autoridades gubernamentales reconocieron que en el Estado los altos costos de rentas representaban un gasto excesivo para la carga presupuestal de cada año, por lo que actualmente ese monto se invierte pero en pago de edificios para oficinas y demás servicios.
Objetivo inicial
Respecto a la “Ciudad Administrativa” ahora “Ciudad Segura”, la Secretaría de Planeación hizo un análisis costo-beneficio para determinar la operatividad de la obra en la nueva función que tendrá dentro del programa “Campeche Seguro”.
Para el proyecto se hizo un estudio de la inversión en materia de mantenimiento por la ocupación que tendría ante la función que le pretendieron dar; sin embargo, la nueva administración en la Sedetuop decidió que en factibilidad técnica, “lo más apropiado no era para lo que estaban proponiendo” (para uso burocrático del Gobierno del Estado), por lo que presentaron un nuevo dictamen para destinarlo a Seguridad Pública.
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JG