Ayer, Luisa María Alcalde Luján, en su calidad de Secretaria del Trabajo y Previsión Social (STPS) publicó un acuerdo para suprimir seis juntas especiales, así como la modificación de la competencia territorial de otras seis. El documento fue dado a conocer ayer miércoles en el Diario Oficial de la Federación (DOF) y agrega que tras hacer un análisis de las cargas de trabajo actuales que soportan las Juntas Especiales de la Federal de Conciliación y Arbitraje de todo el país, se advierte que, considerando la etapa de instrucción, las Juntas Especiales 27, en la ciudad de Durango, en el Estado de Durango; 41, con residencia en Hidalgo del Parral, en el Estado de Chihuahua; 47, con residencia en Cananea, en el Estado de Sonora, 52 con residencia en Ciudad de Carmen, en el Estado de Campeche; 53 con residencia en Guadalupe, en el Estado de Zacatecas; y 57 con residencia en Colima, Estado de Colima, son susceptibles de ser suprimidas.
La decisión establece que los asuntos que se encuentren en trámite en la Junta Especial 52 serán tramitados en la Junta Especial 48 en la ciudad de Campeche.
Sin embargo, pese a esto, los abogados esperan el resultado de los amparos que han promovido y, en tanto esto ocurra, las instalaciones seguirán bajo su resguardo. Así lo señalaron luego de recibir el comunicado.
De igual forma, el dictamen establece que tras analizar la distancia y el tiempo de traslado, las Juntas Especiales que resultan viables para recibir la carga de trabajo de las suprimidas son las Juntas Especiales 23 de Hermosillo; 26 con residencia en Chihuahua; 48 con residencia en Campeche; 42 de Torreón; 34 en San Luis Potosí, y 18 de Guadalajara, según el decreto que entrará en vigor desde hoy primero de diciembre.
En ese sentido, el abogado Mauricio Cruz Moreno subrayó que es algo inverosímil el decreto acercad de las cargas de trabajo que soporta la JFCA 52, consistente en más de cinco mil expedientes de los que se encargaban 23 empleados, mientras que en la capital apenas se manejan mil expedientes por seis trabajadores.
“Es un acto arbitrario y anticonstitucional que afecta el funcionamiento de las Juntas Especiales y no vamos a permitir que se haga; vamos a contraatacar a través de amparos indirectos, de los que ya se han promovido alrededor de siete”, apuntó.
Precisó que “están perjudicando al municipio, a los miles de trabajadores, abogados y funcionarios, pues no hay motivo ni para que la JFCA 52 se vaya a la JFCA 48, cuando aquella tiene cinco veces más expedientes; estamos hablando de entre cinco a nueve mil trabajadores que se serán afectados”.
Cruz Moreno argumentó que este decreto firmado por la titular de la STPS lo sacaron del escritorio y contraviene la reforma laboral; también muestra la cerrazón que tienen para dialogar, pues el 17 de noviembre vinieron y quedaron que el 19 darían un resultado de dicho diálogo, “pero seguimos esperando y ahora nos salen con este decreto que suprime la junta, abusando de la generosidad del gremio de abogados”, reclamó.
Advirtió que no se van a dejar y por el momento están en espera de que los siete amparos promovidos ante el Consejo de la Judicatura Federal den resultado; y recordó que son más de 50 los abogados que se verán afectados; incluso están preparados en caso de que este 1 de diciembre ingrese la fuerza pública con actos intimidatorios como los de lunes y martes.
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JG