Mientras que en las zonas urbanas el incremento al salario mínimo impacta de manera negativa debido a que los costos de producción también aumentan, y con ello el precio de la canasta básica, en el campo la situación es diferente, ya que gran parte de los alimentos no son adquiridos en las tiendas y cadenas comerciales, sino que los cosechan las mismas familias.
Este uno de diciembre el Gobierno Federal a través de Luisa María Alcalde, anunció que la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos (Conasami) aprobó la propuesta para aumentar el salario en un 20 por ciento, para que los trabajadores ganen 35 pesos más, al pasar de 172 pesos en el 2022 a 207 pesos diarios a partir del uno de enero del 2023.
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Ciudadanos campechanos de la ciudad capital consideran que el incremento no representa un beneficio directo, debido a que también sube el costo de la canasta básica, pese a ello, la postura cambia radicalmente con los habitantes de las comunidades en la zona rural.
Don José David quien tiene 56 años y está dedicado a la agricultura consideró que para las personas que habitan el campo el aumento al salario les ayuda, porque gran parte de sus alimentos no los compran, sino que los cosechan ellos mismos.
Confesó que por un tiempo se trasladó a la capital del estado; sin embargo, con tres niñas que mantener el salario no fue suficiente y se vio en la necesidad de regresar a San Antonio Yaxché.
De acuerdo con el Censo de Población y Vivienda 2020 elaborado por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), en la Entidad fueron registrados 928 mil 363 habitantes, de los que el 25 por ciento, es decir 232 mil 90 campechanos, viven distribuidos en las 2 mil 729 localidades rurales ubicadas en los 13 municipios.
Además, en Campeche hay 468 mil 824 ciudadanos que viven en calidad de pobreza desde el año 2020, reveló el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval), el cual indicó que en el territorio campechano hubo incremento de 13 mil 926 ciudadanos, debido a que en el estudio previo detectaron a 454 mil 898 lugareños que vivían en la pobreza.
Consideraron que existen carencias sociales marcadas que es urgente atender, como son el rezago educativo, acceso a los servicios de salud, a los servicios básicos en la vivienda, así como una alimentación de calidad y nutritiva.
Argelia López, trabajadora del hogar, mencionó que “aumenta el salario y aumenta también la canasta básica, es la misma cosa. Claro que cuando te dicen que te van a pagar más, te emocionas, pero al final no hay mucho beneficio porque si me aumentan 20 pesos en el salario, luego aumenta de uno a dos pesos cada producto, y no alcanza”.
El Coneval indicó que desde el 2020, 111 mil 404 campechanos viven en la pobreza extrema, cifra que representa el 12 por ciento de la población en el Estado; sin embargo, en comparación con dos años antes, refleja un incremento de 23 mil 209 ciudadanos, ya que en el 2018 el Consejo Nacional de Evaluación identificó a 88 mil 195 ciudadanos en situación de pobreza extrema.
Complicaciones empresariales
En opinión del economista Tirso García Sandoval, en un Estado como Campeche donde la economía es pobre y el desempeño en los últimos años ha sido paupérrimo, ya que ni siquiera el ritmo de inversión pública se ha podido mantener, acrecentar el salario mínimo complicará la permanencia de las empresas.
“Si el salario aumenta por decreto 10 o 20 por ciento y la inflación es del 30 por ciento, la realidad es que el poder adquisitivo del salario en realidad es negativo”, mencionó, para luego añadir que dicha medida complicaría la operación de las empresas formalmente establecidas, pero seguramente impactará en la economía informal donde de acuerdo al INEGI se encuentra el 62 por ciento de la Población Económicamente Activa (PEA).
Sin embargo —dijo—, el problema de la economía informal es que la gente que labora en ese sector no tiene ningún tipo de prestación social, no tiene cobertura médica y ningún tema de acceso a jubilación.
Reiteró la importancia de que las propuestas para el aumento sean evaluadas por la Comisión Nacional del Salario Mínimo conformada por las representaciones de los patrones, trabajadores, Gobierno y sector social, pero con base en la inflación, las perspectivas de desarrollo económico y la de apertura de empresas.
Esta situación ha generado opiniones encontradas entre los distintos sectores de la población, ya que por un lado algunos empresarios, entre ellos el presidente de la Cámara Nacional de la Industria Restaurantera y Alimentos Condimentados (Canirac), Rodrigo Bojórquez Ruiz, señalaron las dificultades que enfrentarán para poder pagar más a sus trabajadores, pues implica no sólo el salario, sino el pago de impuestos.
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JG