Con la entrega del tercer y último paquete de informes de cuentas del ejercicio fiscal del 2021, la Auditoría Superior del Estado de Campeche (Asecam) reveló que existe el uso injustificado de recursos entre los municipios y el Gobierno Estatal que asciende a más de 400 millones de pesos, así lo dio a conocer su titular Javier Hernández Hernández, y adelantó que los entes fiscalizados tendrán un tiempo no mayor a 30 días para hacer la entrega de la documentación faltante para solventar los recursos, en caso contrario comenzarán el proceso de conformación de las carpetas de investigación, así como del análisis de los documentos brindados.
“De manera global son más de 400 millones de pesos los que hemos observado a través de los tres informes de cuentas que hemos entregado, esto tanto de los municipios, como del estado, entre las observaciones halladas con mayor frecuencia están la contratación y licitación de contratos que no se justifican, que en su mayoría carecen de la documentación justificativa correspondiente, y que con el plazo de 30 días deberán ser solventados en tiempo y forma”, dijo.
Precisó que en este tercer paquete de informes están incluidos 14 informes individuales, divididos en tres que son del municipio de Campeche que estaban pendientes, y los 11 restantes corresponden al Gobierno del Estado, donde está inmersa la Secretaría de Turismo (Sectur), la de obras públicas entre otras descentralizadas más, reportes con los que refirió está cerrada la cuenta pública del 2021, por lo que el análisis que comiencen en el 2023 será responsabilidad exclusiva de los gobernantes en turno.
Adelantó que en el tercer y último paquete de observaciones al ejercicio fiscal del 2021 están incluidas las observaciones hechas a la Secretaría de Desarrollo Territorial Urbano Obras Públicas (Sedetuop), por temas relacionados exclusivamente con la ‘Ciudad Segura’, antes ‘Ciudad Administrativa’, donde afirmó que en la auditoría practicada en el 2020 sólo fue observado un contrato relacionado con la cancelería, pero respecto a la practicada en el 2021, hubo diversos contratos de cierre de la obra que no fueron concluidos pese a que fueron pagados en su totalidad, dónde reconoció que del total observado al estado, a la Sedetuop le corresponde entre el 40 y el 50 por ciento.
Indicó que a partir del pasado 19 de diciembre, los entes observados tendrán un plazo no mayor a 30 días para hacer la entrega de la documentación justificativa correspondiente, para que en los 120 días posteriores las autoridades fiscalizadoras inicien con la revisión y corroboren la información brindada tanto por el municipio, como por el Gobierno del Estado, para que al concluir hagan la entrega del dictamen final al Poder Legislativo, y que este dé parte a la Secretaría de Contraloría (Secont) o en su caso con la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción (FECC) para que en el ejercicio de sus facultades, comiencen con el proceso sancionador.
Expuso que a diferencia de otros años, los informes fueron entregados con un año de anticipación, por lo que podrán agilizarse los tiempos de revisión de los mismos para cortar la brecha de dos años que impera actualmente, por lo que los integrantes de la comisión de fiscalización del Congreso podrán emitir su dictamen más tardar en el mes de marzo del 2023.
Desde mediados del pasado mes de octubre, fue solicitada información a la Secretaría de Obras de Campeche, donde tanto su titular Isabel Espinosa Segura, como su encargada de comunicación social Daniela Alpuche González, han omitido dar información en reiteradas ocasiones, bajo el argumento de que “no está permitido”.
Contrario a lo que establece la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Campeche, a la letra señala en el artículo 11 que: “toda la información pública generada, obtenida, adquirida, transformada o en posesión de los sujetos obligados es pública y será completa, oportuna y accesible a cualquier persona, para lo que se deberán habilitar todos los medios, acciones y esfuerzos disponibles, en los términos y condiciones que establezca la Ley General, la presente Ley y demás normatividad aplicable”.
Cabe recordar, que la ‘Ciudad Administrativa’ fue edificada para disminuir el alto costo de renta de los edificios gubernamentales en el primer cuadro de la ciudad, sin embargo, la obra continúa varada por irregularidades en los permisos que otorgó en su momento el Ayuntamiento que presidió Eliseo “N”.
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JG